Reforma legislativa: el combate contra el narcotráfico toma nuevos rumbos en Rosario
Patricia Bullrich y Luis Petri anuncian ajustes en la Ley de Seguridad Interior para enfrentar el narcoterrorismo en la región.
En un contexto de creciente agitación en Rosario, Patricia Bullrich, titular de Seguridad, y su homólogo en Defensa, Luis Petri, han lanzado una serie de iniciativas legislativas con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico en la ciudad santafesina.
El anuncio se desenvolvió en una rueda de prensa conjunta, donde ambos funcionarios expusieron la urgencia de modificar la Ley de Seguridad Interior para adecuar el accionar de las Fuerzas Armadas a las exigencias del combate contra el narcotráfico, catalogado por el gobierno como una forma de “narcoterrorismo”.
La propuesta de modificación busca redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, permitiendo su intervención en Rosario, donde la actividad de bandas narcotraficantes ha desatado una escalada de violencia sin precedentes.
Entre las modificaciones planteadas se encuentran ajustes en las leyes referentes a la legítima defensa, el uso de evidencia de ADN en investigaciones criminales y medidas contra organizaciones delictivas.
“Estamos reescribiendo el guion de la Ley de Seguridad Interior para otorgar a las Fuerzas Armadas un papel crucial en el escenario interno”, afirmó Petri. Sin embargo, hizo hincapié en que “las Fuerzas Armadas no serán empleadas en casos delictivos ordinarios”.
El ministro añadió: “Ante la declaración de actos terroristas que amenacen los intereses nacionales, las Fuerzas Armadas tendrán la encomienda de velar por la seguridad interna, realizando patrullajes y detenciones en flagrancia”.
Bullrich, por su parte, anunció el envío al Congreso de la denominada Ley Antimafias, inspirada en el código italiano contra la mafia, como complemento a la reforma de la Ley de Seguridad Interior.
Entre los ajustes propuestos, se destaca la modificación del artículo 27 de dicha ley, además de reformas en legislaciones relacionadas con la legítima defensa, el uso de ADN en investigaciones delictivas, la lucha contra organizaciones criminales, y sanciones para los promotores de piquetes y bloqueos.
