Agostina y las preguntas incómodas que el 3J no respondió

Miles de personas volvieron a movilizarse el 3 de junio bajo la consigna de Ni Una Menos. A una década de aquella primera marcha que sacudió a la Argentina, el reclamo contra la violencia hacia las mujeres mantiene vigencia y continúa interpelando a una sociedad que sigue registrando femicidios, abusos y situaciones de extrema vulnerabilidad.

Sin embargo, el asesinato de Agostina abrió una serie de preguntas que, para muchos, quedaron fuera de la discusión pública. Preguntas incómodas. Preguntas que no encajan fácilmente en las consignas ni en los discursos preparados para los actos.

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La primera tiene que ver con el recorrido previo del principal acusado. Como ocurre en numerosos casos que conmocionan al país, volvió a surgir el debate sobre el funcionamiento de la Justicia, los antecedentes penales, las liberaciones anticipadas y los mecanismos de control sobre personas que ya habían tenido conflictos con la ley. La indignación social suele aparecer después de los hechos consumados, cuando ya es demasiado tarde para evitar una tragedia.

Pero el caso también volvió a poner sobre la mesa otra discusión menos frecuente: la utilización política de determinadas causas. Durante años, la violencia de género logró construir un consenso transversal que atravesó partidos, ideologías y sectores sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, parte de esa legitimidad comenzó a erosionarse cuando muchos ciudadanos percibieron que algunas reacciones parecían depender más de la identidad política de los involucrados que de la gravedad de los hechos.

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La sospecha de una indignación selectiva se convirtió en uno de los principales cuestionamientos hacia determinados sectores del activismo. No porque la violencia contra las mujeres haya dejado de ser un problema grave, sino porque la vara utilizada para señalar responsabilidades no siempre parece ser la misma.

Las preguntas aparecen cada vez que un caso involucra a dirigentes, funcionarios, militantes o referentes vinculados a espacios ideológicos determinados. También cuando algunas organizaciones muestran una enorme capacidad de movilización frente a ciertos episodios y un llamativo silencio frente a otros. No se trata de negar las luchas ni los avances conquistados, sino de preguntarse si la coherencia exigida a los demás también se aplica puertas adentro.

El debate se extiende incluso al terreno legislativo. En distintas oportunidades, proyectos destinados a endurecer restricciones para condenados por delitos sexuales encontraron resistencias de sectores políticos que argumentaron objeciones de carácter jurídico o ideológico. Sus defensores sostienen que esas posturas responden a una visión general del sistema penal. Sus críticos consideran que existe una desconexión entre esos planteos teóricos y la demanda social de mayor protección para las víctimas.

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A diez años del primer Ni Una Menos, quizás el principal desafío sea recuperar la capacidad de interpelar a toda la sociedad sin excepciones ni preferencias partidarias. Porque cuando una causa se percibe como patrimonio de un sector político, corre el riesgo de perder la fuerza moral que originalmente la hizo crecer.

El crimen de Agostina generó dolor, bronca y una profunda conmoción. Pero también dejó preguntas abiertas. Preguntas sobre la Justicia. Sobre la política. Sobre las organizaciones. Sobre los discursos. Y sobre la coherencia entre lo que se reclama en una marcha y lo que se sostiene cuando las responsabilidades resultan incómodas.

Tal vez sean esas preguntas, precisamente, las que más cuesta responder.