Tasas bajo presión: casi 2 mil firmas contra el aumento en San Andrés de Giles

El malestar por la suba de tasas municipales sumó un nuevo capítulo en San Andrés de Giles. Cerca de 2 mil vecinos rubricaron un petitorio que fue presentado en la Municipalidad y en el Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de dejar sentada su oposición al incremento aprobado en enero y a la creación de la denominada Tasa Vial.

La iniciativa tomó forma en las últimas semanas, luego de que el Concejo convalidara el ajuste tributario. A partir de allí, un grupo de ciudadanos comenzó a recolectar adhesiones en distintos comercios de la ciudad. El resultado fue un documento respaldado por unas 1.950 firmas que reflejan, según los impulsores, un descontento extendido en distintos sectores.

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Los vecinos fueron recibidos en su despacho por el intendente Miguel Gesualdi, con quien mantuvieron un intercambio directo. Durante la reunión plantearon que el problema no pasa por la voluntad de pago, sino por la imposibilidad de afrontar nuevos aumentos en un contexto económico complejo. Señalaron que muchas familias, comerciantes, trabajadores y jubilados atraviesan dificultades para mantenerse al día con sus obligaciones.

En la nota presentada formalmente, los firmantes expresan su preocupación por el impacto que las medidas adoptadas están generando en la economía cotidiana. Si bien reconocen la necesidad de sostener los servicios municipales, advierten que cualquier decisión en materia tributaria debe ser proporcional, clara y acorde a la realidad que atraviesa la comunidad.

Mónica Naser, una de las vecinas que participó de la entrega, sostuvo públicamente que el petitorio ya fue puesto en manos del Ejecutivo y que ahora corresponde a las autoridades dar una respuesta. El reclamo incluye el pedido de que se informe de manera pública qué pasos se seguirán a partir de esta presentación.

Con esta acción, el grupo busca que el debate no quede limitado al ámbito institucional y que el Ejecutivo revise las medidas adoptadas. El escenario abre interrogantes sobre si habrá modificaciones en el esquema aprobado o si el gobierno municipal sostendrá la decisión en los términos actuales.