Violencia escolar: un docente mercedino propone sanciones y responsabilidades para las familias

La violencia en las escuelas exige revisar las herramientas con las que intervienen las instituciones y el papel que asumen las familias. Esa es la posición que desarrolla Guido Ortubia, docente, licenciado en Historia y referente de Principios y Valores Mercedes, en un escrito donde propone recuperar la autoridad pedagógica mediante reglas comunes, consecuencias concretas ante las agresiones y acciones destinadas a reparar el daño.

Su planteo busca abrir una discusión sobre los límites de las políticas de convivencia y sobre la capacidad de las escuelas para proteger a quienes sufren violencia. Ortubia considera que el sistema necesita un régimen de responsabilidad compartida entre estudiantes, adultos responsables, personal educativo y autoridades, con intervención judicial en las situaciones que lo requieran.

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El autor ubica su reflexión en un escenario de conflictividad que, según describe, incluye agresiones al personal escolar y dificultades cada vez mayores para sostener las condiciones de enseñanza. En su análisis, los problemas económicos y sociales atraviesan la vida cotidiana de las instituciones, que reciben demandas para las cuales muchas veces carecen de recursos suficientes.

Menciona situaciones de pobreza, consumos problemáticos, abusos, aislamiento y padecimientos emocionales que pueden afectar a los adolescentes y repercutir en sus vínculos escolares. Su diagnóstico apunta a que la escuela debe atender conflictos cuyo origen también se encuentra en el hogar, el barrio y las condiciones de vida, mientras intenta cumplir con su función educativa.

Las manifestaciones de violencia que enumera abarcan desde insultos, amenazas, burlas y discriminación hasta peleas, ataques contra docentes y daños al mobiliario. También incorpora los enfrentamientos protagonizados por adultos, como las agresiones de familiares hacia trabajadores de la educación o las disputas entre familias. De ese modo, presenta la convivencia como un problema que involucra al conjunto de la comunidad escolar.

Para explicar cómo se llegó a esta situación, Ortubia propone una lectura histórica de los cambios en la autoridad educativa. Describe un modelo tradicional organizado alrededor de decisiones adultas poco discutidas, sanciones severas y un respaldo familiar que, en términos generales, acompañaba lo dispuesto por la institución.

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Sin embargo, su repaso también reconoce los riesgos de aquel esquema. La imposibilidad de cuestionar una decisión o de explicar las circunstancias de una conducta dejaba a los alumnos expuestos a arbitrariedades, humillaciones y castigos que podían afectar su integridad física y emocional. Por eso, la recuperación de la autoridad que propone debe leerse junto con su reconocimiento de los abusos que podía permitir el disciplinamiento tradicional.

En la interpretación del docente, el restablecimiento de la democracia favoreció una transformación de las relaciones escolares. La defensa de los derechos humanos, la participación y el reconocimiento de la voz de niños y adolescentes adquirieron mayor importancia, mientras perdían legitimidad las prácticas basadas en la obediencia incuestionable.

Ese desplazamiento dio lugar a un enfoque centrado en la convivencia, con mayor atención a los vínculos, al contexto de cada conflicto y a la construcción de acuerdos dentro de las instituciones. Ortubia reconoce que esa transformación permitió avanzar en la protección de derechos y contribuyó a identificar abusos que antes podían quedar naturalizados.

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Su cuestionamiento se concentra en la aplicación de ese modelo. Sostiene que parte del personal escolar encontró dificultades para intervenir cuando las herramientas tradicionales dejaron de ocupar el lugar que habían tenido durante décadas. A su entender, la negociación y el diálogo no siempre estuvieron acompañados por mecanismos suficientemente claros para actuar ante incumplimientos reiterados.

En el caso bonaerense, el marco legal contempla tanto derechos como obligaciones. La Ley Provincial de Educación 13.688, promulgada en 2007, reconoce la protección de los alumnos frente a las agresiones y establece responsabilidades vinculadas con el estudio, el respeto a la autoridad legítima, el cumplimiento de las normas escolares y el cuidado de las instalaciones. También exige a los adultos responsables acompañar la educación de sus hijos y respetar y hacer respetar la autoridad pedagógica.

La discusión que plantea Ortubia se ubica, por lo tanto, en la efectividad de las respuestas institucionales y en los recursos disponibles para hacer cumplir esas responsabilidades. En su escrito afirma que los acuerdos de convivencia necesitan un respaldo que permita intervenir de manera consistente cuando se producen agresiones o se desconocen compromisos asumidos.

El vínculo entre las familias y la escuela ocupa un lugar central en su diagnóstico. Según sostiene, el acompañamiento de los adultos responsables se ha debilitado por diferentes motivos, entre ellos las exigencias laborales, las crisis económicas y los cambios en las formas de crianza. También señala situaciones en las que los familiares rechazan los señalamientos de la institución o se oponen a reconocer conductas problemáticas de sus hijos.

Estas observaciones forman parte de la interpretación del autor. El escrito no presenta un relevamiento que permita establecer su alcance en las escuelas de Mercedes. Su argumento es que, cuando ese respaldo familiar falta, el personal educativo enfrenta mayores dificultades para sostener límites y construir respuestas duraderas.

Ortubia relaciona además el desgaste de los trabajadores con las condiciones salariales y con la sensación de carecer de herramientas para resolver los conflictos. Describe un clima de frustración que, en algunos casos, puede traducirse en resignación frente a situaciones que se repiten. Para el docente, cualquier exigencia de mayor responsabilidad debe estar acompañada por mejores condiciones de trabajo.

Uno de los puntos más críticos de su exposición es lo que denomina “buenismo escolar”: una actitud que, según su definición, privilegia evitar el conflicto y tolerar conductas perjudiciales por encima de sostener normas y exigencias. Considera que esa respuesta puede debilitar la autoridad docente y dejar insuficientemente protegidas a las víctimas.

El referente de Principios y Valores también atribuye esa orientación a lineamientos de la conducción educativa bonaerense, al régimen académico y a las guías de intervención. Se trata de una valoración política y pedagógica del autor: su texto no desarrolla una comparación detallada de disposiciones que permita presentar esa caracterización como una conclusión comprobada sobre el conjunto de la política provincial.

Frente a ese diagnóstico, propone establecer un núcleo de reglas y sanciones obligatorias para todas las escuelas, que funcione como respaldo de los acuerdos particulares de cada institución. Su intención es que las consecuencias ante determinadas conductas no dependan exclusivamente de la capacidad de negociación de cada equipo escolar.

La propuesta incorpora asimismo el reconocimiento de las conductas solidarias, respetuosas y responsables. Ortubia plantea estimular a los estudiantes que contribuyen a un buen clima de trabajo y acompañan a sus compañeros. En su enfoque, la convivencia requiere consecuencias ante los daños y también incentivos que den valor al compromiso cotidiano.

Otro componente es el control del cumplimiento de las obligaciones del personal educativo. El autor incluye a los adultos de la institución dentro del esquema de responsabilidades que propone y reclama una recomposición salarial acorde con la tarea. Así, vincula el fortalecimiento de la autoridad con las condiciones necesarias para ejercerla.

La reparación del daño es el eje más concreto de su planteo. Sugiere que las sanciones incorporen tareas capaces de producir una restitución material o una reflexión vinculada con lo ocurrido. Entre sus ejemplos aparecen la reparación de bancos y sillas dañados deliberadamente, la colaboración en actividades de cuidado de los espacios escolares y la elaboración de trabajos escritos o audiovisuales dirigidos a reconocer una agresión y pedir disculpas.

También menciona iniciativas de apoyo educativo y otras acciones comunitarias. Estas alternativas son propuestas del autor, cuya eventual aplicación requeriría definir condiciones, responsabilidades y mecanismos de supervisión. El escrito no informa que formen parte de un programa aprobado para las escuelas de Mercedes.

La idea que las articula es que una transgresión tenga consecuencias comprensibles y relacionadas con sus efectos. Ortubia busca que la respuesta institucional contribuya a reconocer el perjuicio causado y a asumir una obligación frente a la comunidad. En esa lógica, el trabajo y la reparación aparecen como herramientas educativas.

Para sostener la posibilidad de avanzar hacia una mayor responsabilidad familiar, toma como referencia una reforma del Código Contravencional de Mendoza. La Ley 9.682, sancionada en noviembre de 2025 y publicada en diciembre de ese año, incorporó disposiciones específicas sobre responsabilidad parental ante el acoso escolar.

La norma mendocina prevé sanciones para los adultos responsables que, después de ser notificados de una situación de acoso protagonizada por un menor a su cargo, incumplan sus deberes de orientación y cuidado o no adopten medidas para evitar la reiteración o reparar el daño. Establece multas de 1.500 a 3.000 unidades fiscales o tareas educativas o comunitarias de hasta treinta días, según la gravedad del caso.

El procedimiento comienza en la escuela, que debe aplicar el protocolo correspondiente y documentar el fracaso de la intervención previa por inasistencia de los responsables, incumplimiento de compromisos o falta de cooperación. Luego se remiten las actuaciones al juzgado contravencional competente. Esa secuencia vincula la eventual sanción con la conducta de los adultos ante una intervención escolar documentada.

Ortubia presenta ese antecedente como una orientación posible para discutir cambios en Buenos Aires. Su propuesta combina la intervención educativa con consecuencias externas cuando la respuesta institucional resulta insuficiente y los responsables no colaboran.

El propio autor reconoce que una reforma de las reglas escolares tendría un alcance limitado si persistieran las condiciones sociales que alimentan los conflictos. En el cierre de su reflexión reclama políticas destinadas a promover la producción, el empleo, la industrialización y una distribución más equitativa de la riqueza.

Desde su perspectiva, la escuela necesita el respaldo de un entorno social que otorgue valor al esfuerzo, a la solidaridad y a las responsabilidades compartidas. Considera que las normas pueden contribuir a ordenar la vida institucional, aunque su eficacia depende también de las oportunidades y las condiciones de vida fuera del aula.

El planteo del docente mercedino deja abierta una discusión sobre cómo proteger a las víctimas, sostener la autoridad pedagógica y exigir responsabilidades sin perder las garantías conquistadas por los estudiantes. Su posición es que el diálogo debe contar con reglas claras y consecuencias efectivas, y que las familias y el Estado tienen obligaciones que la escuela no puede asumir por sí sola.