Jubilaciones: un fallo contra la fórmula de Alberto Fernández expone una crisis que viene de lejos

Los reclamos por la situación de los jubilados, que también se hacen escuchar en Mercedes, tienen fundamentos que exceden la discusión sobre el gobierno actual. Un nuevo fallo declaró inconstitucional la fórmula de movilidad impulsada durante la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernandez de Kirchner, y ordenó recalcular los haberes de una demandante.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social se pronunció en la causa “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”. Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado dispusieron reconstruir el haber de la jubilada entre enero de 2021 y junio de 2024 utilizando el mecanismo aprobado durante la gestión de Mauricio Macri, en reemplazo de la fórmula sancionada por el kirchnerismo. La sentencia tiene efectos sobre ese expediente y no establece una recomposición automática para todos los jubilados.

El cuestionamiento apunta a una falla central del esquema: los aumentos dependían de los salarios y de la recaudación tributaria, sin una garantía suficiente frente al avance de los precios. Cuando la inflación se aceleró, los haberes quedaron rezagados. La existencia de incrementos nominales permitió anunciar aumentos, pero no impidió que el dinero alcanzara cada vez para menos.

Según la comparación recogida en el fallo, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad acumuló un 553,55%, mientras que el parámetro vinculado a los precios utilizado como contraste habría arrojado un 1.129,07%. El tribunal identificó una pérdida real del 46,83%. Esa medición corresponde al análisis de la sentencia y no describe de manera idéntica la situación de todos los beneficiarios, especialmente por las diferencias introducidas mediante bonos y refuerzos.

La resolución incorpora otro elemento fundamental: los aumentos posteriores por inflación no reparan por sí solos una pérdida anterior. Cuando la actualización se aplica sobre una jubilación cuyo poder de compra ya se redujo, ese deterioro permanece en la base. Por eso, la Cámara ordenó recalcular primero la prestación y luego enlazarla con el régimen de movilidad mensual establecido en 2024.

El contraste político es incómodo para quienes promovieron la modificación. La fórmula del gobierno de Macri, duramente rechazada por el peronismo, fue elegida en este caso como referencia para reparar las consecuencias del mecanismo que la reemplazó por ser más beneficiosa.

La responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández también comprende la etapa de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Durante 2023, la movilidad acumuló aproximadamente un 110,9%, frente a una inflación anual del 211,4%. La comparación abarca el año completo, incluido diciembre y el cambio de administración, y no incorpora los bonos. Aun con esas precisiones, refleja la profundidad del atraso de los haberes ordinarios mientras seguía vigente el esquema del kirchnerismo.

Los refuerzos compensaron parcialmente a determinados sectores, pero no solucionaron el problema general. Además de no alcanzar a todos los jubilados, mantuvieron una parte de los ingresos sujeta a decisiones extraordinarias. Una fórmula que necesita auxilios reiterados para sostener las prestaciones más bajas deja abierta la pregunta sobre su capacidad para cumplir el objetivo que justificó su aprobación.

La historia de las promesas previsionales incumplidas, sin embargo, comenzó antes. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley que fijaba la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo, vital y móvil, junto con otras medidas. El veto se fundamentó en el costo y la sostenibilidad del sistema: el mismo límite financiero que reaparece cada vez que se discute una recomposición.

Dos años antes, la eliminación de las AFJP había unificado el régimen en el Sistema Integrado Previsional Argentino, de carácter público y financiado mediante el reparto. La decisión terminó con la capitalización individual obligatoria y transfirió sus recursos al sistema estatal. Desde entonces, el Estado concentró la responsabilidad de administrar esos fondos y cumplir las obligaciones previsionales.

Esa decisión merece formar parte del balance. La estatización no aseguró por sí misma jubilaciones suficientes ni evitó que las prestaciones quedaran expuestas a cambios legales y restricciones presupuestarias. En definitiva, concentrar la administración en el Estado no resolvió los problemas que se invocaban para justificar aquella transformación.

Detrás de las fórmulas existe una cuestión estructural: cómo financiar prestaciones adecuadas de manera sostenida. Un sistema de reparto depende de los aportes y de otros recursos públicos para pagar las jubilaciones. La informalidad laboral, las trayectorias incompletas de aportación y el envejecimiento de la población plantean exigencias que no se solucionan modificando periódicamente un índice. Sin discutir ingresos, obligaciones y reglas estables, la movilidad corre el riesgo de convertirse en una herramienta para acomodar el gasto antes que para proteger al beneficiario.

La idea de una estafa política encuentra su sentido en esa distancia persistente entre lo prometido y lo recibido. La novedad judicial aporta un hecho concreto: en el caso analizado, la fórmula aplicada vulneró garantías constitucionales y corresponde reparar sus consecuencias.