¿La motosierra también llegó a Kicillof? El presupuesto bonaerense abre una disputa por los salarios

Axel Kicillof cuestiona el ajuste nacional, pero ahora enfrenta una acusación que apunta al corazón de su discurso: que su propia administración también hace recaer las dificultades económicas sobre los trabajadores. La presentación del Presupuesto bonaerense 2027 abrió una controversia que excede las cifras generales y pone bajo la lupa el poder adquisitivo de los empleados públicos.

El planteo más directo llegó del diputado provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, quien sostuvo que el gobierno bonaerense licuó los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud. El legislador definió esa situación como “una motosierra mal aplicada”, trasladando al gobernador una expresión identificada con Javier Milei y su política de reducción del gasto.

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La acusación introduce una pregunta incómoda para el Ejecutivo provincial: cuánto del esfuerzo para sostener las cuentas públicas termina absorbido por quienes prestan los servicios esenciales. En Mercedes, como en el resto de los distritos bonaerenses, esa discusión alcanza a trabajadores cuyos ingresos dependen de las decisiones salariales de la Provincia.

El paquete económico fue expuesto ante legisladores el jueves 5 de noviembre por el ministro de Economía, Pablo López. Contempla gastos por aproximadamente $58,6 billones, ingresos por $56,5 billones y un déficit financiero de $2,15 billones. También incluye un pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares, que requerirá una negociación política para reunir los votos necesarios.

Sin embargo, la controversia salarial exige una precisión: la información difundida sobre el proyecto no establece una reducción nominal de los haberes para 2027. El cuestionamiento opositor se concentra en la licuación de los ingresos, un mecanismo por el cual el sueldo puede aumentar en pesos y, aun así, comprar menos si los incrementos quedan por debajo de la inflación.

La diferencia es central para entender qué se discute. Una rebaja aparece directamente en el recibo de sueldo; una pérdida de poder adquisitivo se manifiesta cuando ese ingreso alcanza para cubrir una porción cada vez menor de los gastos cotidianos. Ambas afectan al trabajador, aunque responden a mecanismos distintos.

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De Leo vinculó su denuncia con la distribución de los recursos provinciales. Según su interpretación, el mayor peso del gasto no salarial, en un escenario de dificultades recaudatorias, expone que los empleados públicos funcionan como una variable de ajuste. También cuestionó la incorporación de recursos reclamados al Gobierno nacional cuya recuperación considera incierta.

Ese argumento, de todos modos, no permite determinar por sí solo la magnitud de una eventual pérdida salarial. Para establecerla es necesario comparar la evolución de las remuneraciones con los precios durante un período concreto. Tampoco una modificación en el peso relativo de las partidas demuestra automáticamente que todos los trabajadores hayan sufrido el mismo deterioro.

Desde el Gobierno provincial, López defendió el proyecto con un diagnóstico centrado en la reducción de transferencias nacionales y la caída de la recaudación. El ministro sostuvo que los recursos que la Nación dejó de enviar condicionan la capacidad bonaerense para financiar sus políticas y afrontar sus compromisos.

La explicación ubica parte del problema fuera de la administración provincial, pero no cierra la discusión sobre sus propias prioridades. Aun con recursos limitados, el presupuesto expresa decisiones sobre qué gastos sostener, cuáles postergar y qué margen reservar para las remuneraciones. Ese es el terreno en el que la oposición busca exigir respuestas a Kicillof.

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En materia salarial, el Ejecutivo plantea que las actualizaciones se resolverán mediante negociaciones paritarias. López manifestó que el objetivo es preservar el poder de compra de los empleados públicos. Esa definición marca una intención, aunque el resultado dependerá de los porcentajes acordados, los plazos de aplicación y la inflación efectiva.

La propuesta también prevé $4,05 billones de inversión de capital para dar continuidad a obras provinciales y $2,32 billones para políticas de protección social. La continuidad de esas partidas, junto con el déficit proyectado y la búsqueda de financiamiento, impide equiparar sin matices el esquema bonaerense con el programa nacional.

Eso no deja al gobernador al margen del debate sobre el ajuste. Sostener obras y programas públicos no garantiza, por sí mismo, que los salarios conserven su valor. Del mismo modo, atribuir las dificultades a las decisiones de la Casa Rosada no reemplaza la evaluación de los resultados de la política salarial provincial.

El Presupuesto 2027 todavía debe atravesar el tratamiento legislativo y las negociaciones que definirán su aprobación. Por ahora, la denuncia de una motosierra bonaerense constituye un cuestionamiento político que deberá contrastarse con las cifras. Para docentes, policías y trabajadores de la salud, la respuesta más concreta llegará cuando puedan comprobar si sus próximos aumentos alcanzan para sostener lo que hoy compran con sus sueldos.