Peaje de Olivera: todos quieren adjudicarse la rebaja, pero la verdadera razón es otra

La reducción del peaje de Olivera desató una inesperada carrera por los méritos en Mercedes. Apenas se conoció que las tarifas volverían a sus valores anteriores, distintas agrupaciones políticas, organizaciones sindicales e instituciones locales comenzaron a reivindicar las gestiones realizadas contra el aumento. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una disputa en la que varios sectores buscan aparecer vinculados con un resultado favorable para los usuarios.

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Sin embargo, detrás de esa sucesión de publicaciones y mensajes existe una explicación que poco tiene que ver con una conquista particular de Mercedes. La Dirección Nacional de Vialidad resolvió retrotraer los incrementos después de detectar incumplimientos contractuales de Pentavía, la empresa privada que tiene a su cargo la explotación de 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5.

La concesionaria no habría acreditado contar con los equipos, las maquinarias ni el personal necesarios para garantizar las tareas de mantenimiento y conservación establecidas en el contrato. Una situación que obligó al organismo nacional a revisar la autorización de aumentos que había concedido apenas unas semanas antes.

La medida no respondió, según los fundamentos conocidos, a la restitución de beneficios especiales para los mercedinos ni a un acuerdo particular con representantes locales. Fue una decisión de alcance general sobre el corredor concesionado, originada en deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones empresariales.

El rechazo al aumento del peaje había generado una amplia movilización en Mercedes. La histórica Comisión de Vecinos contra el Peaje retomó sus reuniones, convocó a una asamblea en la Cámara Económica Mercedina y promovió nuevas presentaciones ante distintos organismos.

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La CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles también intervino públicamente, cuestionando el impacto de las tarifas sobre los trabajadores, especialmente aquellos que deben trasladarse diariamente por razones laborales. La organización sindical reclamó retrotraer los incrementos y manifestó su disposición a acompañar medidas de protesta.

En el ámbito político, Vecinos por Mercedes, el espacio vinculado al concejal Bernardo Zubeldía, se sumó al rechazo del tarifazo y planteó la necesidad de acompañar institucionalmente los reclamos de los usuarios.

El Movimiento al Futuro también aparece entre los espacios que participan de la discusión pública alrededor del peaje y de las reivindicaciones posteriores a la reducción.

A estas actuaciones se agregaron iniciativas de otros concejales, entre ellos Daniel Ivaldis, quien impulsó acciones judiciales relacionadas con el estado de la ruta y la legalidad de los incrementos.

El Municipio tampoco permaneció ajeno al conflicto. El intendente Juan Ignacio Ustarroz recibió a representantes de la comisión vecinal y abordó las presentaciones administrativas y judiciales destinadas a cuestionar el esquema tarifario.

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Conocida la rebaja, la controversia se trasladó al terreno de la comunicación política. Diferentes sectores salieron a publicar en sus redes sociales mensajes destacando su participación en los reclamos, en un contexto donde el resultado comenzó a presentarse como una conquista atribuible a las gestiones locales.

Pero existe una diferencia fundamental entre haber rechazado una medida y demostrar que ese rechazo provocó su revocación.

Los reclamos fueron reales, las reuniones existieron y las presentaciones formaron parte de una movilización ciudadana legítima. Lo que no está demostrado es que alguna de esas actuaciones haya sido la causa determinante de la decisión adoptada por Vialidad Nacional.

Hasta el momento no se conoció una sentencia judicial favorable a los planteos locales que hubiera ordenado suspender el incremento. Tampoco trascendió una comunicación oficial que atribuya la reducción a la intervención específica de una agrupación, sindicato, institución o dirigente de Mercedes.

La explicación conocida apunta hacia otro lado: los incumplimientos de la concesionaria y las verificaciones realizadas por el organismo nacional.

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Una de las circunstancias más importantes para comprender lo ocurrido es que la reducción no se limitó a Olivera.

Las tarifas también retrocedieron en las estaciones de Nueve de Julio y Trenque Lauquen, todas pertenecientes al corredor de la Ruta 5 administrado por Pentavía.

Es decir, la decisión tuvo alcance regional y no fue una concesión particular destinada a los vecinos de Mercedes.

Si la reducción hubiera surgido de un acuerdo específico con alguna organización local, sería necesario identificar el documento, la resolución o la negociación que estableciera esa relación. Hasta ahora, no se conocen elementos que permitan sostener semejante interpretación.

Por el contrario, el carácter general de la medida resulta coherente con la existencia de un problema contractual que afecta al conjunto de la concesión.

Hay otro detalle que relativiza todavía más el entusiasmo de quienes presentan la rebaja como una victoria definitiva: se trata de una suspensión transitoria.

Los aumentos podrían volver a aplicarse cuando la concesionaria demuestre que dispone de los recursos materiales y humanos exigidos para cumplir sus obligaciones.

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En consecuencia, no se estableció una reducción permanente, no se restituyeron los descuentos diferenciales que Mercedes tuvo entre 2004 y 2017 y tampoco se modificó de manera definitiva el régimen de cobro de la Ruta 5.

Lo que ocurrió fue una marcha atrás administrativa que podría revertirse una vez subsanadas las irregularidades detectadas.

El episodio también deja interrogantes importantes sobre la actuación del propio Estado nacional.

Pentavía había recibido autorización para aplicar un nuevo cuadro tarifario con incrementos muy significativos. Sin embargo, posteriormente surgieron observaciones sobre su capacidad operativa para garantizar las tareas de conservación del corredor.

Las verificaciones habrían determinado que la empresa carecía de recursos indispensables para cumplir las condiciones establecidas en el contrato.

La situación resulta difícil de explicar: primero se permitió cobrar tarifas superiores y después se constató que la concesionaria no reunía los requisitos necesarios para sostener las prestaciones comprometidas.

Las deficiencias en el procedimiento de autorización estarían vinculadas con los plazos administrativos y con controles que no se completaron oportunamente antes de habilitar los nuevos valores.

La decisión de retrotraer el aumento aparece así como una corrección frente a irregularidades contractuales y posibles falencias en la fiscalización estatal.

Si estas circunstancias quedan ratificadas por los informes oficiales, no solamente corresponderá examinar las responsabilidades de Pentavía. También será necesario determinar por qué Vialidad Nacional permitió aplicar aumentos antes de verificar adecuadamente las condiciones de la concesionaria.

El problema, por lo tanto, supera ampliamente la discusión sobre qué dirigente o agrupación puede adjudicarse el resultado.

Los aumentos habían provocado un fuerte rechazo entre automovilistas y transportistas debido a su magnitud.

En Olivera, la tarifa para vehículos particulares había alcanzado los $8.600 mediante pago manual, mientras que con TelePASE se cobraban $4.262,18 por pasada.

Con la marcha atrás, el valor en efectivo regresó a $3.600 y el importe mediante TelePASE quedó en $1.787,10.

Para quienes atraviesan regularmente la estación, la diferencia resulta considerable, especialmente cuando se trata de trabajadores que deben realizar varios viajes semanales.

La reducción también alcanzó al transporte de cargas, mientras que las motocicletas volvieron a quedar exceptuadas del pago durante la suspensión del incremento.

Pero todavía existe una cuestión pendiente: la devolución de los importes que se cobraron por encima de los valores anteriores.

La información conocida indica que Pentavía deberá reintegrar las diferencias correspondientes al período durante el cual estuvieron vigentes los aumentos. Sin embargo, resta conocer de manera precisa cuáles serán los mecanismos de restitución y los plazos para efectivizarla.

Este aspecto resulta particularmente importante porque los usuarios abonaron tarifas autorizadas por un organismo estatal que posteriormente debió revisar su propia decisión.

La sucesión de publicaciones en redes sociales y las reivindicaciones de los diferentes sectores locales pueden terminar desviando la atención de los problemas centrales.

Los vecinos de Mercedes vienen reclamando desde hace años una solución definitiva al sistema de peajes. Durante un largo período existieron beneficios tarifarios especiales para residentes que posteriormente fueron eliminados. Esa demanda continúa sin resolverse.

Tampoco desaparecieron las preocupaciones por el estado de la Ruta 5, las demoras en su transformación en autovía y las condiciones de seguridad de un corredor utilizado diariamente por miles de personas.

En ese contexto, la reducción representa un alivio económico inmediato, pero no modifica las cuestiones estructurales que originaron buena parte de las protestas.

La Comisión de Vecinos contra el Peaje, la CGT regional, Vecinos por Mercedes, el Movimiento al Futuro, los concejales que realizaron presentaciones y el propio Municipio pueden destacar legítimamente su participación en el rechazo al aumento.

Sin embargo, adjudicarse el éxito de una decisión exige demostrar una relación concreta entre las gestiones realizadas y el resultado obtenido.

La coincidencia temporal entre las protestas y la marcha atrás no constituye, por sí sola, una prueba de causalidad. Tampoco corresponde descartar que la presión social haya contribuido a visibilizar el problema. Simplemente, hasta ahora no se ha acreditado que esa presión fuera la razón determinante de la reducción.

Lo que sí se conoce es que Vialidad Nacional detectó incumplimientos de Pentavía y dispuso retrotraer las tarifas en todas las estaciones comprendidas por la medida.

Mientras los distintos sectores buscan destacar sus intervenciones, hay interrogantes que merecen respuestas mucho más concretas.

¿Por qué se autorizó un incremento antes de comprobar que la empresa contaba con los recursos necesarios? ¿Qué controles se realizaron al momento de adjudicar la concesión? ¿Qué sanciones recibirá Pentavía? ¿Cuándo y cómo se devolverá el dinero cobrado de más?

Y, fundamentalmente, ¿qué garantías tendrán los usuarios de que los aumentos no volverán a aplicarse sin que mejoren efectivamente las condiciones de mantenimiento de la ruta?

También queda pendiente determinar si las gestiones locales conseguirán algo que la decisión actual no contempla: un régimen tarifario diferencial y permanente para los residentes de Mercedes.

Ese sería un resultado concreto que podría evaluarse independientemente de la suspensión transitoria anunciada por Vialidad Nacional.

Por ahora, la explicación del retroceso tarifario no está en una gestión exclusiva de Mercedes, sino en los incumplimientos detectados en el contrato de concesión.

La rebaja es una buena noticia para quienes utilizan la Ruta 5. Pero convertirla en una victoria política propia requiere pruebas que todavía no aparecieron.

Porque una cosa es haber reclamado contra el tarifazo y otra, muy diferente, es haber conseguido que el Gobierno nacional lo dejara sin efecto.

Y mientras en las redes sociales se multiplican las reivindicaciones, la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿cómo se permitió que una empresa cobrara un peaje considerablemente más caro antes de comprobar que estaba en condiciones de cumplir sus obligaciones?