Se picó la discusión por los precios municipales: Altube atacó a Pollacchi y Di Leo salió a cruzarlo

Lo que comenzó como una publicación irónica sobre la baja de los precios terminó convirtiéndose en una controversia política que ya involucra a varios integrantes del Concejo Deliberante de Mercedes. La discusión por la adquisición municipal de elementos de seguridad vial sumó nuevos protagonistas: Santiago Altube, presidente del bloque de Fuerza Patria, y Silvia Di Leo, concejal de La Libertad Avanza, protagonizaron un nuevo intercambio que dejó en segundo plano los números originales para concentrarse en la interpretación de las críticas y las respuestas del oficialismo.

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El episodio tuvo su origen en una publicación del concejal libertario Mauricio Pollacchi, quien comparó los importes de una contratación realizada por el municipio en septiembre con precios publicados en Mercado Libre durante noviembre. La diferencia calculada para dos de los productos adquiridos alcanzaba los $4.934.812.

Sin embargo, el planteo original tenía una particularidad que ahora cobra protagonismo. Pollacchi no había formulado una acusación explícita de corrupción ni había denunciado formalmente un sobreprecio. Su publicación utilizaba la comparación para ironizar sobre la evolución de los valores en el mercado.

“Miren si no estarán bajando los precios, que las cosas que el Municipio compró en septiembre están más baratas ahora, en noviembre”, había expresado el edil, acompañando su comentario con imágenes del Boletín Oficial y capturas de publicaciones comerciales.

La observación abrió una discusión sobre los precios de compra del Estado, pero la respuesta política fue considerablemente más allá de aquella afirmación.

El primero en intervenir fue el propio municipio, que difundió una explicación técnica y administrativa para justificar las diferencias entre una operación comercial minorista y una contratación pública. Mencionó los plazos de pago, los gastos de transporte, las obligaciones impositivas y las especificaciones de calidad exigidas a los proveedores.

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También defendió el procedimiento utilizado mediante el Concurso de Precios N.º 41/2026, que registró cuatro oferentes y culminó con adjudicaciones a las propuestas de menor precio que cumplían los requisitos establecidos.

Pero el enfrentamiento escaló cuando Santiago Altube intervino públicamente para cuestionar la posición del concejal libertario.

El presidente del bloque de Fuerza Patria sostuvo que Pollacchi desconoce el funcionamiento de la administración pública y consideró que la comparación realizada carecía de fundamentos.

“Es evidente que Pollacchi ignora cómo funciona la administración pública, sino no haría semejante comparación”, expresó Altube.

Lejos de limitarse a explicar las particularidades de una compra estatal, el concejal oficialista profundizó sus cuestionamientos personales. Calificó los planteos de Pollacchi como infantiles y señaló que, antes de realizar ese tipo de comparaciones, debería haber consultado el expediente administrativo correspondiente.

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La postura de Altube reprodujo el argumento central de la defensa municipal: los precios de una publicación de comercio electrónico no son directamente equiparables con los importes de un procedimiento de contratación pública.

Sin embargo, la dureza de sus declaraciones generó una nueva reacción dentro de La Libertad Avanza.

Silvia Di Leo decidió intervenir mediante una publicación en Facebook que comenzó con una expresión tan breve como elocuente: “UPS!!! Parece que se picó”.

La concejal libertaria salió en defensa de su compañero de bloque y cuestionó especialmente la magnitud de la reacción oficialista frente a una publicación que, según su interpretación, solamente señalaba una disminución de precios entre septiembre y noviembre.

Di Leo sostuvo que Pollacchi había realizado una observación sencilla, comparando los importes de una compra municipal con los valores que posteriormente publicaba un proveedor en Mercado Libre.

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“Solo eso afirma ‘los PRECIOS ESTÁN BAJANDO’”, remarcó.

La edil expresó su sorpresa por la respuesta de Altube y cuestionó que un comentario sobre la evolución de los valores terminara provocando acusaciones sobre el conocimiento de los procedimientos administrativos.

“Y de repente, así como así, un concejal del oficialismo sale con los tacones de punta a decirle a Pollacchi que no sabe nada de cómo se maneja la administración pública....bla bla bla”, escribió.

Su publicación concluyó con otra frase cargada de ironía: “Que les pasá? Tranqui. No tiren serpentinas si nadie les dijo que era carnaval”.

La intervención de Di Leo introduce una cuestión interesante en la controversia. Si la publicación original de Pollacchi se limitaba a destacar que determinados productos podían conseguirse en noviembre a un precio menor que el pagado por el municipio meses antes, la discusión sobre la legalidad de la compra o la eventual existencia de sobreprecios podría estar respondiendo a una acusación que no fue formulada expresamente.

Esto no significa que la comparación sea necesariamente correcta desde el punto de vista económico. Los precios de distintos momentos y condiciones comerciales no son automáticamente equivalentes. Pero tampoco resulta necesario interpretar toda comparación como una denuncia de irregularidad administrativa.

En paralelo, permanece abierto otro aspecto de la polémica que fue señalado por el propio Pollacchi cuando respondió a la defensa municipal: uno de los productos utilizados para efectuar la comparación aparecía publicado por la misma marca vinculada con la empresa que resultó adjudicataria.

Se trata de los delineadores rebatibles adquiridos a Jordan SRL, por los cuales el municipio aprobó un precio de $34.850 por unidad. La publicación presentada como referencia mostraba un delineador Jordan Plas modelo L-71 a $30.000.

Ese dato no elimina las posibles diferencias financieras o logísticas entre ambas operaciones, pero plantea una pregunta concreta sobre los argumentos relacionados con la calidad de los materiales. Si se trata efectivamente del mismo modelo, la explicación de una supuesta diferencia técnica requeriría mayor precisión.

También corresponde recordar que la comparación original comprendía otro producto, las tachas solares adjudicadas a Punto Pret SRL, cuya diferencia de precios representaba aproximadamente tres millones de pesos.

Por lo tanto, los casi cinco millones mencionados durante el debate representan una diferencia calculada entre valores de referencia de distintos momentos y modalidades de venta. No constituyen, por sí mismos, una pérdida comprobada para las arcas municipales.

La discusión contiene así dos cuestiones diferentes. Por un lado, la posibilidad de analizar si las contrataciones del Estado se realizan a precios convenientes y bajo condiciones económicas razonables. Por otro, la reacción política que provoca una publicación de un concejal opositor, incluso cuando está formulada en tono irónico.

En este último aspecto, las declaraciones de Altube y la respuesta de Di Leo revelan hasta qué punto una observación sobre precios puede transformarse rápidamente en una confrontación entre oficialismo y oposición.

El intercambio también deja una paradoja: mientras unos discuten si Pollacchi conoce los procedimientos de la administración pública y otros cuestionan el tono de las respuestas, todavía no existe una explicación cuantificada que permita establecer cuánto de la diferencia observada corresponde a plazos de pago, transporte, condiciones comerciales o una efectiva disminución de los precios.

El municipio asegura que cumplió los procedimientos legales y que eligió las ofertas más convenientes entre las presentadas. Pollacchi sostiene que los precios de referencia bajaron y Di Leo considera desproporcionada la reacción de sus adversarios. Altube, por su parte, insiste en que la comparación desconoce las particularidades de una compra estatal.

La controversia dejó de ser exclusivamente una cuestión de números para convertirse en una disputa política sobre quién tiene razón, quién sabe más de administración pública y quién interpretó correctamente el mensaje original.

Mientras tanto, la pregunta más sencilla continúa sin una respuesta definitiva: ¿cuánto costaban realmente esos mismos productos, bajo condiciones comerciales equivalentes, al momento de la contratación y cuánto cuestan ahora?

Porque, más allá de los cruces personales y las ironías, esa comparación permitiría determinar si Pollacchi acertó cuando aseguró que los precios estaban bajando.