Alquileres en provincia de Buenos Aires: qué cambia con la nueva cuenta y qué promete el proyecto social

El costo de entrar a una vivienda alquilada volvió a quedar en la agenda del gobierno bonaerense, aunque con iniciativas que se encuentran en etapas diferentes. Mientras ya comenzó a funcionar una cuenta bancaria especial para inmobiliarias, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó ante Axel Kicillof un proyecto de Alquiler Social orientado a aliviar los desembolsos iniciales de los inquilinos.

La distinción resulta central para dimensionar el anuncio: la reunión no implica que se haya habilitado una asistencia económica para quienes buscan alquilar. El encuentro permitió exponer una propuesta sobre los costos de acceso y abordar una herramienta bancaria destinada a resolver dificultades en la administración de dinero de terceros.

La denominada Cuenta Recaudadora surgió del trabajo conjunto entre ARBA, Banco Provincia y la institución profesional. Su función es permitir que las inmobiliarias canalicen fondos de clientes mediante cuentas especiales excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias.

El problema aparece cuando una inmobiliaria recibe dinero que luego debe entregar a otra persona, como ocurre con el cobro de alquileres por cuenta de los propietarios. Esos movimientos podían generar retenciones y acumular saldos a favor, pese a que los fondos no constituían ingresos propios del intermediario. La medida busca evitar esa inmovilización y facilitar la bancarización de las operaciones.

ARBA informó que el alcance comprende fondos de clientes vinculados con compras, ventas, alquileres y otros servicios. La exclusión se refiere a las retenciones sobre esas cuentas especiales: no supone una eliminación general de los impuestos correspondientes a la actividad inmobiliaria.

El proyecto de Alquiler Social aborda otra dificultad: la necesidad de reunir dinero para afrontar los gastos asociados con la contratación de una vivienda. Una familia puede disponer de ingresos para sostener el alquiler mensual y, aun así, encontrar un obstáculo en los desembolsos que se acumulan antes de mudarse.

Según las explicaciones difundidas por el presidente del Colegio, Luis Colao, la iniciativa propone aliviar costos relacionados con conexiones y depósitos de servicios de electricidad y gas, sellos, certificaciones de firmas e informes del Registro de la Propiedad. También contempla incentivos fiscales para pequeños propietarios, con la intención de favorecer la incorporación de inmuebles al mercado formal.

Otro de los criterios planteados es diferenciar las condiciones según las realidades territoriales y socioeconómicas. La propuesta considera que las necesidades y características del mercado inmobiliario varían entre los distritos bonaerenses y que esas diferencias deberían contemplarse al diseñar las medidas.

Sin embargo, la información difundida sobre el encuentro no precisa requisitos para acceder, montos, mecanismos de financiamiento ni fechas de implementación. Tampoco anuncia un subsidio mensual para pagar alquileres. Por el momento, el objetivo comunicado es reducir las barreras económicas de ingreso a una vivienda, sujeto a las definiciones necesarias para convertir el proyecto en una política concreta.

Durante la reunión también se presentó el programa de Estadísticas Inmobiliarias, desarrollado por el Colegio junto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. La comunicación institucional no incluyó resultados del estudio ni detalló las variables relevadas.

Además de Kicillof y Colao, participaron el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el vicepresidente de la entidad profesional, Alfredo Lavalle; y su secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco. El encuentro incluyó asuntos previsionales e institucionales vinculados con el sector, aunque no se informaron decisiones específicas sobre esos puntos.