El delito que las cifras no terminan de mostrar: qué pasa con las denuncias sin clasificar

Un gráfico puede mostrar cifras exactas y ofrecer, al mismo tiempo, una visión incompleta. Eso ocurre cuando parte de la información está registrada, pero todavía no puede ubicarse en las categorías que se utilizan para interpretar el resultado. Las estadísticas bonaerenses del delito presentan esa dificultad: miles de denuncias ingresadas por la aplicación Mi Seguridad permanecían sin tipificación fiscal al cierre del relevamiento de 2025.

La cuestión importa cada vez que se anuncia una caída de robos, se comparan niveles de inseguridad o se evalúan políticas públicas. Antes de extraer conclusiones, es necesario conocer qué contienen los números y qué información sigue pendiente. Una cifra precisa no garantiza, por sí sola, que el panorama esté completo.

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En el Departamento Judicial Mercedes, el informe oficial contabilizó 1.846 investigaciones penales preparatorias provenientes del sistema del Ministerio de Seguridad con tipificación provisoria. Equivalían al 6,79% de las 27.188 causas iniciadas durante 2025 en el fuero de adultos. La información fue extraída con fecha de corte del 11 de enero de 2026.

Esas causas integran el total de investigaciones. La limitación aparece cuando se consultan los rubros específicos: mientras no reciben una clasificación fiscal, no se incorporan como robos, hurtos, lesiones u otras figuras penales. Permanecen en un apartado separado, que reúne hechos cuyo encuadre todavía no estaba definido al momento de elaborar la estadística.

La Procuración explica que las presentaciones efectuadas mediante la aplicación generan automáticamente un proceso penal. La categoría provisoria comprende los expedientes en los que el fiscal aún no había determinado el delito al extraerse los datos. Por eso, la denominación describe una situación de clasificación pendiente y no permite conocer, por sí sola, cuánto avanzó cada investigación.

El volumen provincial muestra que se trata de una cuestión relevante. Los cuadros de 2025 registraron 122.713 causas con tipificación provisoria en el fuero de adultos y otras 154 en el juvenil: 122.867 en total. Dentro del primer grupo, 97.194 aparecían como presuntos robos o hurtos y 5.891 como presuntos robos de celulares. Ambas categorías sumaban 103.085 presentaciones.

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Esas denuncias permiten advertir la distancia entre el hecho relatado por un ciudadano y su clasificación jurídica posterior. Quien utiliza la aplicación puede identificar lo ocurrido como un robo, pero esa selección no reemplaza la evaluación del fiscal. Incorporar automáticamente todas las presentaciones a una figura penal supondría dar por concluida una tarea que todavía estaba pendiente.

Sin embargo, dejarlas fuera de la lectura pública también tiene consecuencias. Si un análisis observa únicamente los robos y hurtos ya tipificados, una cantidad considerable de denuncias no aparece dentro de esos rubros. La estadística conserva los expedientes, pero la descripción por delito queda limitada.

El punto central es cómo se comunica esa información. Los datos disponibles sirven para conocer la actividad registrada en el sistema judicial, aunque necesitan explicaciones para interpretar qué representan. Utilizar una categoría aislada como prueba concluyente sobre la evolución de la inseguridad puede atribuirle al indicador un alcance que no tiene.

En Mercedes existe una precaución adicional. El Departamento Judicial comprende 15 partidos: Alberti, Bragado, Carmen de Areco, Chivilcoy, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Nueve de Julio, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha y Veinticinco de Mayo. Las 1.846 causas corresponden al conjunto de esa jurisdicción.

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No sería correcto presentar ese número como si perteneciera exclusivamente a la ciudad. El cuadro consultado tampoco permite establecer cuántas denuncias provisorias se originaron en el partido de Mercedes ni qué proporción fue identificada inicialmente como robo o hurto. Para determinar el impacto local hace falta un desglose municipal.

La comparación entre años requiere el mismo cuidado. Además de observar cuántas causas figuran en cada categoría penal, hay que examinar cómo evolucionó el conjunto pendiente de tipificación. Una variación en la proporción de expedientes clasificados puede influir en la comparación, aunque los cuadros, por sí solos, no permiten establecer cuánto explica ese factor.

Esto no significa que todo descenso informado sea falso. Significa que su interpretación debe considerar las condiciones del registro. Para sostener que hubo una mejora, conviene conocer si se utilizaron los mismos criterios, qué fechas de corte se compararon y cómo se trataron las denuncias que todavía no tenían calificación fiscal.

También debe distinguirse entre causas judiciales iniciadas, hechos denunciados y delitos esclarecidos. Una investigación abierta no equivale a un hecho probado, mientras que una reducción de denuncias puede requerir explicaciones adicionales antes de atribuirse exclusivamente a una caída de la criminalidad.

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El recorrido de la denuncia digital agrega otra dimensión. La Procuración informa que quienes realizan una denuncia por Mi Seguridad deben presentarse en la fiscalía asignada para ratificarla dentro de cinco días hábiles. Los reportes anónimos de narcotráfico y corrupción o abuso policial tienen otro tratamiento: no requieren ratificación y dan lugar a la intervención fiscal de oficio.

La normativa citada por el organismo contempla que el fiscal pueda archivar denuncias no ratificadas, con excepciones que obligan a actuar de oficio. Ese procedimiento hace necesario conocer qué ocurrió después de la presentación. La falta de tipificación, la ausencia de ratificación y el archivo son situaciones diferentes y no deben utilizarse como sinónimos.

Una información más completa debería permitir saber cuántas denuncias fueron ratificadas, cuántas recibieron posteriormente una clasificación, cuántas se archivaron y cuánto demoró cada instancia. Para Mercedes, ese seguimiento tendría que separar los hechos del partido de los correspondientes al resto de la jurisdicción.

La fuente también importa. Si una autoridad difunde cifras policiales, debe explicar cómo incorpora las denuncias digitales. Si utiliza datos judiciales, necesita aclarar qué causas y categorías contempla. Ambos registros pueden aportar información valiosa, pero su comparación exige conocer cómo fueron construidos.

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Lo comprobado hasta ahora es una limitación en la clasificación estadística. Los documentos no acreditan una maniobra deliberada para ocultar delitos ni permiten determinar una distorsión específica en los números municipales de Mercedes. Sí muestran que una parte de las denuncias permanecía pendiente de encuadre fiscal y que esa condición debe acompañar la lectura de los resultados.

La confianza en los datos depende de que esa parte del panorama también sea visible. Explicar lo pendiente, actualizar las clasificaciones y publicar desgloses accesibles permitiría evaluar mejor las políticas de seguridad. Un gráfico puede ordenar la información; para comprender lo que ocurre, hace falta conocer también aquello que sus categorías todavía no alcanzan a mostrar.