La CGT regional cuestionó la derogación de la Ley de Tierras: qué cambió tras el fallo de la Corte

La CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles expresó su rechazo a la derogación de la Ley de Tierras Rurales y reclamó mantener un marco legal que limite la propiedad de esos terrenos en manos extranjeras. Mediante un comunicado encabezado por la consigna “Argentina no está en venta”, la organización sindical sostuvo que la discusión involucra cuestiones productivas, laborales y ambientales que exceden el valor comercial de los inmuebles.

El pronunciamiento se conoció después de que la Corte Suprema revocara la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. La decisión dejó nuevamente operativa esa derogación, aunque el máximo tribunal aclaró que no resolvió sobre la validez constitucional de la disposición. El rechazo de la demanda se fundó en la falta de legitimación de la entidad que promovió el amparo y en la ausencia de un caso judicial concreto.

Para la central regional, la eliminación de las restricciones debilita una herramienta destinada a resguardar el territorio y los recursos estratégicos. Su planteo pone el foco en la relación entre la propiedad rural, la producción de alimentos, el acceso al agua y las fuentes de empleo. Desde esa perspectiva, sostuvo que las decisiones sobre la tierra también tienen consecuencias para las próximas generaciones.

Entre las protecciones de la ley derogada se encontraba el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, aplicable a escala nacional, provincial y departamental. La normativa regulaba la propiedad, posesión y tenencia de esas superficies por parte de personas y empresas extranjeras.

La CGT regional cuestionó la decisión del Ejecutivo de suprimir ese régimen y afirmó que durante este año organizaciones sindicales y sociales ya habían manifestado su oposición a iniciativas orientadas a flexibilizar los límites. En el comunicado, presentó su reclamo como una continuidad de esas intervenciones y reiteró la necesidad de preservar el control sobre el territorio y los bienes naturales.

El conflicto judicial que desembocó en la resolución de la Corte había sido iniciado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. En marzo de 2024, la Cámara Federal de esa ciudad había admitido el planteo y declarado inconstitucional el artículo del decreto. El Estado nacional recurrió esa sentencia y el máximo tribunal terminó revocándola. La resolución tampoco impide la intervención que corresponde al Congreso en el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

En su posicionamiento, la representación sindical de Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles sostuvo que el desarrollo económico no debería avanzar a costa de reducir las herramientas de protección territorial. Por eso, además de rechazar la derogación, pidió un marco que preserve los límites a la extranjerización y contemple el carácter estratégico de los recursos involucrados.

El documento concluyó con una definición que sintetiza la postura de la regional: “La tierra argentina no es una mercancía más”. Con esa afirmación, la central buscó situar el debate en las consecuencias sociales y productivas de la medida y reclamó que la regulación de la propiedad rural incorpore esos intereses.