El nuevo “RIGI municipal”, pero con otro nombre: Ustarroz lanzó fuertes incentivos para atraer inversiones

La Municipalidad de Mercedes presentó un ambicioso esquema destinado a atraer nuevas inversiones, favorecer la ampliación de empresas instaladas y estimular la generación de empleo. Lo bautizó “Impulsa Mercedes”, aunque varias de sus herramientas remiten inevitablemente a una discusión que atraviesa la política económica argentina desde 2024: cuánto está dispuesto a resignar el Estado en materia tributaria para conseguir que el capital privado invierta.

El programa anunciado por el intendente Juan Ignacio Ustarroz contempla bonificaciones de hasta el 100 por ciento en diferentes tasas municipales durante un período máximo de diez años, la creación de una Ventanilla Única destinada a simplificar trámites para inversores y obras de infraestructura en el Sector Industrial Planificado. Entre los tributos alcanzados aparecen Seguridad e Higiene, habilitaciones comerciales e industriales, derechos de construcción, publicidad y ocupación del espacio público.

El esquema estará dirigido tanto a nuevas radicaciones como a empresas que ya funcionan en Mercedes y pretendan ampliar o relocalizar sus instalaciones. La propuesta comprende actividades manufactureras, logística, turismo, industrias culturales, salud, actividades vinculadas con recursos naturales y desarrollos tecnológicos y digitales. El municipio anunció además inversiones por 94 millones de pesos para apertura de calles y otros 60 millones destinados a iluminación dentro del Sector Industrial Planificado.

La definición de “RIGI municipal” no es jurídica. Impulsa Mercedes no es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por el gobierno de Javier Milei y las diferencias entre ambos son importantes. Pero la comparación surge por el instrumento elegido: ofrecer alivio tributario, previsibilidad administrativa e infraestructura como contrapartida para conseguir inversiones privadas.

El RIGI nacional nació con la Ley Bases 27.742 y fue pensado para proyectos de una escala muy superior. El piso general para ingresar actualmente es de 200 millones de dólares y puede ser mayor según el sector. Incluye beneficios en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, mecanismos especiales para el IVA, ventajas aduaneras y un esquema de estabilidad fiscal de largo plazo. También contempla garantías jurídicas específicas para los proyectos incorporados al régimen.

La ley impulsada por Milei fue más allá e invitó expresamente a las provincias y municipios a adherir al RIGI. Para las jurisdicciones que lo hagan, la norma establece restricciones a la posibilidad de crear nuevos gravámenes que incrementen la carga tributaria sobre los proyectos beneficiados.

Desde su nacimiento, el régimen generó una fuerte confrontación política. Axel Kicillof se opuso al modelo propuesto por la Nación y decidió que la provincia de Buenos Aires no adhiriera al RIGI en los términos planteados por el Gobierno nacional. El gobernador cuestionó particularmente los beneficios concedidos a grandes proyectos y sostuvo que podían generar ventajas frente a la industria nacional. En septiembre de 2024 llegó a definir públicamente su propia propuesta como un esquema situado “en las antípodas del RIGI” de Milei.

Sin embargo, la Provincia no rechazó la utilización de incentivos para atraer capital privado. Optó por construir su propio régimen.

Así nació la Ley bonaerense 15.510, que creó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. La norma fue promulgada en noviembre de 2024, posteriormente reglamentada y se encuentra operativa. Establece beneficios fiscales provinciales para proyectos de inversión y, además, invita expresamente a los municipios bonaerenses a adherir.

La diferencia planteada por el gobierno de Kicillof estuvo en las condiciones y objetivos asociados a esos beneficios. El régimen provincial puso el acento en generación de empleo, agregado de valor, desarrollo de proveedores bonaerenses, transferencia tecnológica, sustitución de importaciones, incremento de exportaciones y reducción de desequilibrios territoriales. Es decir, la Provincia no adhirió al RIGI nacional, pero sí creó un sistema propio de estímulos fiscales para promover inversiones.

Ese dato resulta central para entender qué acaba de hacer Mercedes.

Impulsa Mercedes se monta precisamente sobre la Ley provincial 15.510. Para poner en marcha el nuevo esquema, el municipio adhirió al régimen bonaerense y agregó beneficios correspondientes a su propia jurisdicción. De esta manera, una empresa alcanzada podría combinar incentivos provinciales con bonificaciones sobre tasas y derechos municipales.

En la práctica aparece así una estructura escalonada de promoción de inversiones: la Provincia ofrece beneficios sobre los tributos que administra y Mercedes hace lo propio con aquellos que dependen del municipio.

Y allí aparece una de las particularidades políticas del anuncio.

Desde sectores enfrentados al Gobierno nacional, el RIGI de Milei fue cuestionado duramente desde su sanción. Kicillof sostuvo que aquel régimen otorgaba ventajas excesivas y diseñó otro modelo para Buenos Aires. Dos años después, una administración municipal políticamente alineada con el gobierno bonaerense adopta para Mercedes una herramienta que, aunque jurídicamente diferente, parte de una premisa económica reconocible: reducir el costo impositivo de invertir para intentar conseguir más empresas, actividad y empleo.

No significa que Impulsa Mercedes sea una adhesión encubierta al RIGI nacional. No lo es. El municipio está adhiriendo a una ley provincial distinta y solamente puede disponer sobre impuestos, tasas, trámites e infraestructura dentro de sus competencias.

Tampoco las escalas son comparables. El régimen de Milei fue concebido para inversiones de cientos de millones de dólares y establece beneficios nacionales, aduaneros y cambiarios que una administración municipal sencillamente no tiene facultades para conceder. El programa mercedino apunta a una realidad productiva mucho más pequeña y diversa.

Pero sí existe un denominador común difícil de ignorar: el incentivo fiscal como herramienta para competir por inversiones.

La administración Ustarroz decidió ofrecer hasta diez años de beneficios y la posibilidad de bonificar hasta la totalidad de determinadas tasas municipales. Es una señal explícita al sector privado: quien invierta, se radique, amplíe instalaciones o desarrolle determinadas actividades podrá hacerlo con una carga fiscal local sensiblemente menor.

La propia recepción empresarial muestra cuál es el objetivo. Ignacio Pittaro, presidente del Consorcio del Sector Industrial Planificado, sostuvo durante la presentación que el esquema puede representar el impulso necesario para generar inversiones y empleo. Desde la Cámara Económica Mercedina también se destacó la necesidad de reconstruir instrumentos de promoción después de los cambios ocurridos en la legislación provincial.

Mercedes, además, intenta preparar el terreno físico para esa política. A las mejoras previstas en el actual Sector Industrial Planificado se suma el desarrollo de un nuevo Eco Parque Industrial privado sobre la Ruta Nacional 5, en el kilómetro 95, proyectado sobre 33 hectáreas y con 78 lotes para establecimientos productivos.

Por eso, más allá de las diferencias ideológicas y de las distintas denominaciones elegidas por cada gobierno, el debate termina regresando al mismo punto: qué beneficios debe conceder el Estado para conseguir nuevas inversiones y bajo qué condiciones debe hacerlo.

Milei eligió un RIGI nacional con fuertes garantías y ventajas tributarias para proyectos de gran escala. Kicillof rechazó adherir a ese diseño y creó un Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas con condiciones propias. Ahora Ustarroz adhiere al modelo bonaerense y profundiza la herramienta desde Mercedes con exenciones municipales que pueden alcanzar el 100 por ciento durante hasta una década.

No es el RIGI de Milei trasladado literalmente a Mercedes. Pero en el plano de los instrumentos económicos, Impulsa Mercedes confirma algo que la discusión política muchas veces deja en segundo plano: aun desde gobiernos que cuestionaron el régimen nacional, los incentivos fiscales volvieron a ocupar un lugar central a la hora de intentar seducir al capital privado.

El nombre cambia. La escala también. Las condiciones son distintas. Pero la apuesta de fondo —cobrar menos impuestos hoy con la expectativa de conseguir inversión, producción y empleo mañana— vuelve a estar sobre la mesa.