Caso Casciari: Pollacchi reivindicó su rechazo a la cesión de la ex Dupont

La denuncia por presunta estafa y administración fraudulenta que enfrenta el escritor Hernán Casciari comenzó a generar repercusiones en el ámbito político de Mercedes. El concejal Mauricio Pollacchi, de La Libertad Avanza, publicó un extenso mensaje en el que vinculó la controversia judicial con el proyecto de instalación de la Universidad Narrativa Orsai en el predio de la ex fábrica Dupont, una iniciativa impulsada durante 2024 por el Departamento Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

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Bajo el título “La ex Dupont: el tiempo nos dio la razón”, el edil reivindicó la posición que sostuvo junto a su compañera de bloque Silvia Di Leo, cuando ambos se opusieron a autorizar la cesión gratuita del inmueble a la Fundación Orsai mediante un comodato por 99 años.

La propuesta había generado un intenso debate en el Concejo Deliberante. Mientras el oficialismo destacaba la posibilidad de incorporar a Mercedes una institución educativa especializada en narrativa, los representantes libertarios cuestionaban las condiciones previstas para entregar a una organización privada un inmueble adquirido con recursos municipales.

La situación llegó a un punto decisivo cuando Casciari estableció que únicamente aceptaría el predio si todos los bloques políticos acompañaban la iniciativa. La negativa de los dos concejales de La Libertad Avanza impidió alcanzar esa unanimidad y el proyecto no avanzó en los términos inicialmente propuestos.

Ahora, ante las acusaciones formuladas por 18 participantes de distintas producciones audiovisuales de Orsai, Pollacchi considera que aquel rechazo adquiere un significado diferente.

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“Fuimos nosotros dos quienes nos plantamos y rechazamos comprometer durante casi un siglo un patrimonio que pertenece a todos los vecinos de Mercedes”, expresó el concejal en su publicación.

El dirigente recordó que la posición adoptada por su bloque provocó cuestionamientos de sectores políticos y mediáticos que interpretaban la oposición al comodato como un obstáculo para el desarrollo educativo y cultural de la ciudad.

Según sostuvo, aquella discusión nunca estuvo relacionada con una negativa a promover la educación, sino con la necesidad de proteger los bienes municipales y exigir garantías suficientes antes de comprometerlos durante un período tan prolongado.

“Se pretendía instalar que oponerse a aquella propuesta era oponerse a la educación, a la cultura y al progreso de nuestra ciudad. Pero nunca se trató de eso”, manifestó.

Pollacchi señaló que la responsabilidad de los concejales consistía en evaluar las condiciones de la operación independientemente del reconocimiento público de Casciari o del entusiasmo que despertaba la futura universidad.

Su publicación recupera así uno de los principales cuestionamientos formulados durante 2024: la conveniencia de reservar durante casi un siglo un inmueble municipal para un proyecto privado cuyo desarrollo económico y educativo todavía debía concretarse.

En aquel momento, los representantes libertarios también habían propuesto estudiar alternativas que permitieran compartir el predio con otras instituciones educativas, en lugar de destinar la totalidad del espacio a la Fundación Orsai.

La discusión incluyó la posibilidad de establecer otras condiciones contractuales, como un alquiler con períodos de gracia destinados a compensar las inversiones necesarias para recuperar las instalaciones de la antigua fábrica.

La oposición al comodato no implicaba necesariamente descartar la llegada de la universidad a Mercedes, sino cuestionar la modalidad elegida para facilitar su instalación.

La controversia actual se originó en una denuncia penal presentada por 18 participantes de los proyectos audiovisuales de Orsai, quienes cuestionan la administración de los fondos aportados y reclaman información contable sobre diferentes producciones.

Casciari rechazó públicamente las acusaciones de estafa. Aunque reconoció errores de gestión y dificultades económicas en algunas iniciativas, sostuvo que los resultados comerciales desfavorables no constituyen por sí mismos una conducta delictiva.

El expediente deberá determinar si existieron irregularidades penalmente relevantes. Hasta el momento, la denuncia no representa una comprobación judicial de los hechos atribuidos al escritor.

Pollacchi también introdujo esa distinción en su mensaje y señaló que corresponde a la Justicia establecer las eventuales responsabilidades.

Sin embargo, consideró que los acontecimientos actuales refuerzan la importancia de haber exigido controles y garantías antes de comprometer el patrimonio municipal.

“Nunca sabremos qué habría ocurrido si aquel comodato se hubiera aprobado”, reconoció el concejal, antes de remarcar que, gracias a la negativa de su bloque, el municipio no concretó la entrega del inmueble por 99 años bajo las condiciones planteadas.

La afirmación resulta significativa porque evita presentar como una certeza lo que solamente puede analizarse como una hipótesis. Las dificultades económicas reconocidas por Casciari en Orsai Audiovisuales no permiten concluir que la universidad hubiera seguido el mismo camino.

No obstante, el episodio plantea interrogantes sobre los mecanismos de resguardo que habría tenido la Municipalidad si la institución educativa no alcanzaba los objetivos previstos.

Durante las negociaciones de 2024, Casciari había manifestado que devolvería el inmueble si no lograba reunir los recursos necesarios para desarrollar el proyecto en un plazo de cinco años. La discusión sobre las garantías contractuales para asegurar ese compromiso formaba parte de las cuestiones que debían resolverse.

La iniciativa universitaria había contado con el acompañamiento del intendente Juan Ignacio Ustarroz, quien promovió su tratamiento legislativo y participó de encuentros con Casciari y representantes de los distintos bloques.

El Departamento Ejecutivo consideraba que la propuesta podía contribuir al desarrollo educativo, cultural y económico de Mercedes, además de recuperar parte de las instalaciones de la ex Dupont.

La oposición libertaria, por su parte, centró sus objeciones en el plazo del comodato, su carácter gratuito y las consecuencias que podría tener para la disponibilidad futura del inmueble.

La discusión enfrentó dos perspectivas sobre la utilización de un bien municipal: facilitar un proyecto educativo considerado beneficioso para la ciudad o preservar mayores márgenes de control público sobre el destino del predio.

El desacuerdo terminó impidiendo que prosperara la operación y Casciari anunció posteriormente que buscaría otras alternativas para desarrollar su iniciativa educativa.

Dos años después, la denuncia contra Orsai Audiovisuales vuelve a colocar aquella decisión en el centro del debate político local, aunque se trate de proyectos distintos y no exista una determinación judicial de responsabilidad contra el escritor.

En el cierre de su publicación, Pollacchi sostuvo que la negativa de su bloque no respondió a una intención de confrontar, sino a la convicción de que los bienes municipales deben ser administrados con prudencia.

“El patrimonio municipal no pertenece a un gobierno ni a un funcionario: pertenece a los vecinos, y tenemos la obligación de protegerlo”, expresó.

El concejal concluyó que, pese a las críticas recibidas en aquel momento, mantiene su posición respecto de la conveniencia de haber rechazado el acuerdo.