Casciari: ¿y si su universidad tampoco salía bien?

La denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta que enfrenta Hernán Casciari adquirió una dimensión particular en Mercedes, su ciudad natal. El escritor, que durante los últimos años impulsó un innovador sistema de financiamiento colectivo para producir películas y series, había promovido también la creación de una universidad privada para la cual solicitó la cesión de un inmueble perteneciente al patrimonio municipal.

Aunque se trata de iniciativas diferentes, la controversia judicial que actualmente rodea a Orsai Audiovisuales invita a revisar aquel proyecto educativo que generó un intenso debate político durante 2024. Especialmente, porque uno de los argumentos utilizados por Casciari en estos días para explicar los resultados insatisfactorios de algunas de sus producciones es que, sencillamente, las cosas no siempre salen como se esperan.

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La explicación puede resultar comprensible en cualquier emprendimiento privado. Sin embargo, adquiere otro significado cuando los recursos comprometidos no pertenecen exclusivamente a quienes deciden participar voluntariamente, sino que involucran bienes de toda una comunidad.

La presentación penal fue impulsada por 18 personas que participaron como socios productores en diferentes iniciativas de Orsai Audiovisuales, empresa de la que Casciari es socio gerente.

Los denunciantes sostienen que realizaron aportes económicos de entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series con la expectativa de recuperar sus inversiones y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su comercialización.

Según la documentación difundida públicamente, algunos participantes recibieron devoluciones mínimas, mientras que otros aseguran no haber recuperado dinero alguno. Los reclamos, sin embargo, no se limitan a los resultados comerciales.

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El principal cuestionamiento se concentra en la administración de los recursos y en la información proporcionada para justificar su utilización. Los denunciantes afirman que no recibieron documentación contable suficiente para verificar determinados gastos y solicitan que se investiguen posibles transferencias de fondos entre producciones.

Entre los proyectos señalados figuran La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante y otras iniciativas financiadas mediante aportes de particulares.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes solicitaron una auditoría contable y distintas medidas destinadas a reconstruir el movimiento económico de la productora.

Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que Casciari haya cometido una estafa. Las acusaciones deberán ser investigadas y contrastadas con la documentación correspondiente.

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Ante la repercusión de la denuncia, el escritor difundió este sábado 17 de octubre un video en el que rechazó categóricamente haber desarrollado una maniobra fraudulenta.

“No acepto que se hable de estafa”, manifestó, al defender la trayectoria de Orsai y recordar que la organización lleva años desarrollando proyectos culturales, editoriales y audiovisuales.

Casciari reconoció que existieron equivocaciones, dificultades de comunicación y producciones que no alcanzaron las expectativas previstas. También admitió comprender la frustración de quienes aportaron dinero y obtuvieron resultados muy inferiores a los esperados.

En su explicación señaló que Orsai suele desarrollar numerosos proyectos simultáneamente y que uno de ellos salió mal. Consideró que esa circunstancia no constituye, por sí misma, un delito.

Como parte de su descargo, difundió un código QR para facilitar el acceso a planillas con información económica de las producciones cuestionadas.

La distinción entre un fracaso comercial y una maniobra fraudulenta resulta fundamental. Ningún emprendimiento tiene garantizado el éxito, y perder dinero en una inversión no demuestra necesariamente la existencia de una estafa.

Otra cuestión, que deberá esclarecer la Justicia, es si la administración de esos recursos respetó los compromisos asumidos con quienes decidieron participar.

Esta situación trajo a la memoria de algunos el proyecto universitario que dividió al Concejo Deliberante de Mercedes en 2024, cuando Casciari propuso instalar en Mercedes la Universidad Narrativa Orsai, una institución privada dedicada a la formación en literatura, comunicación, cine, dramaturgia y otras disciplinas vinculadas con la creación de contenidos.

La iniciativa fue presentada como una oportunidad para posicionar a Mercedes como un centro cultural y educativo con proyección internacional. Su promotor destacaba que deseaba devolverle a su ciudad natal parte de lo que había recibido durante su infancia y juventud.

Para concretarla, solicitó que la Municipalidad cediera en comodato a la Fundación Orsai el predio de la antigua fábrica Dupont, adquirido previamente por el Estado municipal.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz impulsó un proyecto de ordenanza para autorizar la operación. Según la propuesta difundida entonces, el acuerdo contemplaba una cesión gratuita por 99 años, un plazo considerable tratándose de un inmueble perteneciente al patrimonio público.

La universidad sería administrada por una fundación privada y su financiamiento dependería de aportes particulares, donaciones y otras fuentes de recursos que permitieran desarrollar la infraestructura y sostener el funcionamiento educativo.

Casciari estableció una condición política: que todos los bloques del Concejo Deliberante acompañaran la iniciativa. Consideraba que un proyecto de semejante magnitud debía contar con un respaldo institucional que trascendiera las diferencias partidarias.

La unanimidad nunca se consiguió. La oposición de concejales de La Libertad Avanza impidió alcanzar el consenso exigido por el propio escritor y si bien se había conseguido la mayoría necesaria para aprobar un proyecto en el HCD local, el mismo quedó sin concretarse en los términos originalmente previstos.

Tiempo después, Casciari reconocería que aquella situación había obligado a postergar su aspiración de instalar la universidad en Mercedes y había sugerido que lo haría en otra localidad.

La pregunta que surge entonces es: ¿qué habría sucedido si el proyecto tampoco alcanzaba sus objetivos?

La denuncia contra Orsai Audiovisuales no demuestra que el proyecto universitario estuviera destinado al fracaso ni permite atribuir intenciones irregulares a Casciari o a su fundación. Pero sí introduce una pregunta que merece ser considerada desde la perspectiva del interés público.

¿Qué habría ocurrido si la Municipalidad efectivamente cedía durante 99 años el predio de la ex Dupont y, algunos años después, la universidad no conseguía los recursos económicos suficientes para funcionar?

En 2024, durante la presentación del proyecto, Casciari había señalado que, si la fundación no lograba reunir los fondos necesarios en un plazo de cinco años, devolvería el inmueble al municipio.

Ese compromiso constituía una previsión importante. Sin embargo, también planteaba la necesidad de establecer mecanismos contractuales concretos que garantizaran su cumplimiento, condiciones para recuperar el predio y responsabilidades frente a eventuales obras inconclusas o compromisos económicos pendientes.

La experiencia de Orsai Audiovisuales demuestra, al menos, que incluso iniciativas impulsadas con entusiasmo, acompañadas por figuras reconocidas y respaldadas por comunidades numerosas pueden enfrentar dificultades económicas y desacuerdos sobre su administración.

En el caso de las películas, quienes decidieron aportar dinero asumieron voluntariamente determinados riesgos, aunque actualmente discutan ante la Justicia si recibieron información suficiente y si se respetaron las condiciones acordadas.

En el caso de la universidad, la situación habría sido diferente. Un inmueble municipal es un recurso público y su utilización compromete intereses que exceden a los responsables de un emprendimiento particular.

La eventual cesión no habría significado necesariamente la pérdida de la propiedad, ya que un comodato supone la entrega de un bien para su uso y posterior restitución. Pero sí habría implicado reservar ese inmueble para una finalidad específica durante un período potencialmente prolongado.

Si el proyecto se hubiera paralizado, el municipio habría necesitado contar con herramientas jurídicas eficaces para recuperar su disponibilidad y evitar que permaneciera afectado a una iniciativa sin actividad.

El interrogante no consiste en determinar retrospectivamente si Casciari hubiera cumplido o incumplido sus compromisos, algo que no puede saberse, sino en evaluar qué garantías deben exigirse antes de comprometer un bien público en cualquier proyecto privado, por más atractiva que resulte su propuesta.

La posibilidad de contar con una universidad especializada en narrativa representaba una propuesta cultural singular para Mercedes. Su concreción podría haber generado movimiento económico, oportunidades educativas y una mayor vinculación de la ciudad con el ámbito cultural internacional.

Esos beneficios potenciales explican parte del acompañamiento político e institucional que despertó la iniciativa. Sin embargo, los beneficios proyectados no reemplazan la necesidad de examinar la viabilidad económica, la sostenibilidad a largo plazo y las condiciones jurídicas de un acuerdo.

En una entrevista de mayo de 2025, Casciari volvió a referirse al proyecto y explicó que su intención era mantenerlo alejado de las disputas partidarias. También confirmó que, mientras continuaban buscando alternativas, Orsai había comenzado a desarrollar otras experiencias educativas.

Durante 2024, cuando se discutía el comodato, el actual conflicto judicial todavía no había alcanzado el estado público y procesal que presenta hoy. No sería correcto afirmar que quienes se opusieron a la cesión conocían de antemano las dificultades que posteriormente serían denunciadas por los inversores. Lo que sí permite el paso del tiempo es analizar con mayor perspectiva la prudencia que requiere cualquier decisión relacionada con bienes municipales.

En definitiva, es un debate que va más allá de Casciari. El episodio deja dos discusiones abiertas que, aunque diferentes, tienen puntos de contacto.

Por un lado, la Justicia deberá establecer qué ocurrió con el dinero aportado por los socios productores de Orsai Audiovisuales y si las decisiones adoptadas por sus responsables estuvieron dentro de los compromisos asumidos.

Por otro, Mercedes tiene un antecedente concreto para reflexionar sobre las condiciones bajo las cuales resulta conveniente entregar bienes públicos a organizaciones privadas que proponen proyectos de interés comunitario.

La trayectoria, el prestigio y las buenas intenciones de un impulsor pueden constituir antecedentes favorables, pero no sustituyen los estudios de factibilidad ni las garantías institucionales.

El propio Casciari reconoce hoy que algunos de sus proyectos no salieron como esperaba. Esa posibilidad existe en cualquier actividad humana, incluso cuando se trabaja de buena fe y con objetivos valiosos.

La diferencia está en quién asume las consecuencias cuando las expectativas no se cumplen.

En una inversión privada, el riesgo recae principalmente sobre quienes deciden participar, sin perjuicio de los derechos que puedan reclamar si consideran incumplidas las condiciones acordadas. Cuando interviene el patrimonio municipal, también aparece la responsabilidad de quienes administran recursos que pertenecen a toda la comunidad.

La universidad de Casciari pudo haber sido una oportunidad importante para Mercedes. También pudo haber enfrentado dificultades similares a las que hoy reconoce en otras iniciativas de Orsai. Ninguna de esas hipótesis puede demostrarse porque el proyecto no llegó a concretarse en el predio solicitado.

Lo que permanece vigente es una enseñanza institucional: los proyectos más prometedores también necesitan controles, compromisos verificables y mecanismos de protección ante resultados adversos.

Porque el entusiasmo puede justificar que una idea sea escuchada y evaluada. Pero cuando están en juego bienes públicos, la decisión debe sostenerse sobre garantías capaces de resistir incluso cuando las cosas no salen como se esperaba.