Fentanilo: cómo un enfermero del PAMI terminó acusado por una muerte

Una causa judicial en Rosario dejó al descubierto un entramado ilegal que durante meses operó dentro del sistema de salud. Un enfermero del PAMI fue imputado por la comercialización de sustancias de uso médico, entre ellas fentanilo y bromuro de vecuronio, que eran desviadas para consumo recreativo. El caso cobró una dimensión aún más grave tras la muerte de uno de sus clientes, presuntamente vinculada a una sobredosis.

El expediente se remonta a octubre del año pasado, cuando se formalizó la imputación contra Luis Emmanuel Benavídez, quien trabajaba en el Policlínico PAMI 2. La investigación, impulsada por fiscales federales y la Procunar, logró demostrar que detrás de los reiterados faltantes de medicamentos no había un destino sanitario sino un circuito clandestino de venta de drogas.

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Durante al menos dos años, el enfermero habría sustraído ampollas de fentanilo y otros compuestos desde la institución donde prestaba servicio. Según la causa, la falta de controles estrictos facilitó la maniobra. Uno de los compradores identificados mantenía contacto frecuente con el imputado a través de mensajes en los que no solo se concretaban ventas, sino que además recibía instrucciones sobre cómo administrarse las sustancias.

El 13 de agosto de 2023, ese consumidor fue hallado sin vida en su domicilio. En el lugar se encontraron restos de medicación inyectable y elementos compatibles con el consumo. La hipótesis principal apunta a una sobredosis. Sin embargo, el avance de la causa reveló un dato inquietante: el propio vendedor advertía sobre la potencia de las drogas, pero al mismo tiempo incentivaba su uso.

Las pruebas recolectadas incluyen conversaciones, audios y búsquedas en internet realizadas por la víctima, muchas de ellas vinculadas a dosis letales y combinaciones peligrosas de fármacos. El contenido sugiere un consumo cada vez más riesgoso, en un contexto donde el acceso a estas sustancias era facilitado por quien debía administrarlas con fines médicos.

Recién en septiembre de 2025 se concretó un allanamiento que terminó de consolidar la acusación. En el procedimiento se secuestraron ampollas de fentanilo, decenas de frascos de vecuronio, jeringas y otros medicamentos bajo receta. También se encontró un arma de fuego sin autorización.

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La imputación contra el enfermero incluye cargos por comercio de estupefacientes, venta de sustancias peligrosas, peculado y tenencia ilegal de arma. El caso expone no solo una conducta individual, sino también debilidades estructurales en el control de insumos críticos dentro del sistema sanitario.

Más allá del impacto judicial, la investigación abre un interrogante de fondo: hasta qué punto los mecanismos de supervisión son suficientes para evitar que drogas de alto riesgo salgan del circuito médico y terminen en manos de consumidores sin ningún tipo de contención.