Caso De Gruttola: la justicia reconoce solo a 10 acreedores de los casi 600 que se presentaron

El concurso preventivo en la sucesión de Néstor De Gruttola, tramitado en el Juzgado en Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número 8, a cargo de la Doctora Bárbara Fernández del Tejo resolvió por estos días la validez, o no, de los créditos presentados por unos 560 damnificados.

Hernán nos comenta que el Síndico actuante, el contador Carlos Alberto Montero realizó la presentación del informe individual de los créditos insinuados al pasivo concursal, así como de los legajos presentados por los acreedores expresando su opinión.

Puede Interesarte:

Fentanilo: cómo un enfermero del PAMI terminó acusado por una muerte

El Síndico sostiene en los informes individuales relativos a los créditos mencionados, que la actividad desarrollada por el causante consistía en la toma de dinero instrumentada por Mutuo o Pagaré, configurando una “banca de hecho”, que no reunía ningún requisito de los que se exigen a dicha actividad, pues se trataba de una operatoria no registrada ni declarada
impositivamente. Todo esto sucedía a la vista de todos.

Agrega además que el causante recibía dinero entregando como constancia de la operación un comprobante (Mutuo y/o Pagaré) y que en los supuestos referidos, la presentación en cada caso del comprobante respectivo acredita la causa de la obligación.

Dice además que debe tenerse en cuenta la actividad desarrollada por el fallecido, “banca de hecho”, y por lo tanto subsumible dentro de la noción de comerciante y la consecuente obligación de llevar de manera regular los libros de comercio. El incumplimiento de dicha obligación determina, conforme a su opinión; la existencia de una seria presunción en su contra,
deviniendo de mayor consistencia la prueba ofrecida por los reclamantes.

Hernán Rodríguez, uno de los damnificados, no logra entender como entonces, solo 10 de los casi 600 reclamos presentados fueron dados por válidos por la Juez actuante. Entre los reclamos validados se encuentran los de la AFIP, ARBA y los empleados del negocio. En referencia a los reclamos invalidados Rodríguez dice que “la jueza los declara inadmisibles, y a contrapuesta aprueba otros que están en la misma situación que ella rechazó. O sea, acá hay, por decirlo de alguna manera, más allá de la parcialidad, convivencia. Porque ya acá pasa de ser algo más que la omisión. Es muy evidente”.

Puede Interesarte:

Recambio en San José: nueva comisión vecinal y fin de una etapa en el barrio

“Que juez puede llegar a omitir un detalle en un dictamen que dice que funcionaba una financiera ilegal, y que como premio, hay que pagarle a los empleados, que ellos tenían una coautoría funcional dentro de esa financiera ilegal. Es algo loco. Creo que nos estamos volviendo locos”, dice Hernán.

Indignado, Rodríguez sostiene que no entiende “como un representante de la justicia, que debería tener imparcialidad, que debería fallar a favor de lo que se demuestra justo, honrado y bueno, no solamente se sigue en una correlatividad de encubrimientos, en una correlatividad de apañar al delincuente, en una correlatividad de encubrir todo esto, que no es más ni menos que una gran estafa y una estrategia judicial para no pagarle a nadie”.