La casta era el otro: cuando los privilegios dejan de molestar

Durante años, Javier Milei construyó su liderazgo sobre una idea tan simple como efectiva: la Argentina estaba atrapada por una casta política que se protegía a sí misma. Funcionarios blindados, dirigentes intocables, explicaciones forzadas y una permanente tendencia a justificar lo injustificable cuando los cuestionados pertenecían al propio espacio. La promesa era terminar con todo eso.

Sin embargo, el ejercicio del poder suele ser un revelador implacable. Porque una cosa es denunciar privilegios desde la tribuna y otra muy distinta es decidir qué hacer cuando los problemas aparecen dentro de la propia estructura.

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La defensa cerrada de dirigentes cercanos al Presidente empieza a generar un ruido que el oficialismo no debería subestimar. No porque la oposición lo denuncie. No porque los medios lo publiquen. Sino porque la incomodidad comienza a aparecer entre personas que acompañaron el proyecto libertario precisamente para romper con esa lógica.

La pregunta ya no es si existe o no una investigación, una denuncia o una causa. La pregunta es otra. ¿Dónde quedó aquella exigencia moral que se reclamaba a los demás? ¿Qué ocurrió con la tolerancia cero frente a las prácticas que durante años fueron presentadas como símbolos de la decadencia política argentina?

La historia reciente ofrece demasiados ejemplos. Gobiernos que justificaron a los propios mientras señalaban a los ajenos. Dirigentes que exigían renuncias hasta que los involucrados pertenecían a su espacio. Militantes que descubrían garantías procesales únicamente cuando los acusados compartían sus ideas.

La Libertad Avanza llegó al poder prometiendo terminar con ese mecanismo. Por eso el problema no es jurídico. Es político. Y sobre todo es simbólico.

Cuando un gobierno sostiene a sus dirigentes cuestionados, puede argumentar que respeta la presunción de inocencia. Es una posición legítima. El inconveniente aparece cuando esa misma vara no fue utilizada para juzgar a los adversarios.

Allí es donde nace la sospecha más peligrosa para cualquier proyecto de transformación: la sensación de que las reglas cambiaron, pero solamente cambiaron de dueño.

Quizás el mayor riesgo para Milei no sea perder una discusión parlamentaria ni enfrentar una crítica mediática. El verdadero riesgo es que quienes lo eligieron para combatir una forma de hacer política empiecen a convencerse de que esa forma de hacer política sigue existiendo. Con otros nombres, con otros protagonistas, pero con mecanismos sorprendentemente parecidos.

Porque cuando el poder empieza a justificar lo que antes condenaba, la discusión deja de ser sobre personas. Y pasa a ser sobre credibilidad.