Adorni quedó bajo fuego por llevar a su esposa en el avión presidencial

Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por una conferencia de prensa ni por un anuncio de gestión. La polémica se desató después de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, integró el viaje oficial a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, en el marco de la gira encabezada por Javier Milei en Nueva York por el Argentina Week 2026. La situación abrió cuestionamientos políticos inmediatos y reavivó una discusión incómoda para el Gobierno: hasta dónde llega la austeridad que predica y dónde empiezan los privilegios que dice combatir.

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El propio Adorni confirmó públicamente que su esposa viajó en la aeronave oficial. Según explicó, ella ya tenía previsto un viaje a Estados Unidos con un pasaje previamente comprado, pero un cambio en la agenda derivó en que Presidencia la invitara a subir al avión presidencial para acompañarlo. Su defensa fue directa y generó todavía más ruido: dijo que iba “a deslomarse” durante una semana y que quería que su esposa lo acompañara. También sostuvo que ese traslado no implicó un costo extra para el Estado y afirmó que los gastos de ella fueron cubiertos de manera privada.

El problema político no pasa solamente por la explicación, sino por el contexto. Apenas días antes, el Gobierno había oficializado una nueva restricción para los viajes al exterior de funcionarios, con una norma que limita las comitivas oficiales a un máximo de un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional impostergable para los intereses del Estado nacional. Esa decisión quedó plasmada en la Decisión Administrativa 9/2026, firmada por la propia Jefatura de Gabinete. Aunque la norma regula comitivas oficiales y no se refiere específicamente a familiares, la controversia creció porque el caso de Adorni quedó rápidamente asociado a una señal política opuesta al ajuste que el oficialismo intenta exhibir.

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La oposición reaccionó rápido. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle si Angeletti efectivamente voló en el avión presidencial, quién financió ese traslado, qué rol cumplió durante la gira y si existieron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses. El reclamo buscó poner el foco en algo más amplio que una foto incómoda: el uso de recursos públicos y los criterios que se aplican cuando el involucrado es un funcionario de máxima confianza presidencial.

La imagen que terminó de encender la polémica fue la difundida durante la visita de la comitiva a la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens, donde se vio a la esposa de Adorni junto al jefe de Gabinete. A partir de ahí, la discusión salió del terreno protocolar y se metió de lleno en el plano político y simbólico. Porque el Gobierno construyó buena parte de su capital discursivo sobre la idea de cortar con los privilegios de la “casta”, reducir gastos superfluos y mostrar una conducta austera en cada gesto. Por eso, aunque Adorni insista en que no hubo erogación adicional, el costo político no se mide sólo en pesos sino también en credibilidad.

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La defensa oficial se apoyó en una idea sencilla: si no hubo gasto extra, no habría escándalo. Pero ese argumento deja una zona gris difícil de ignorar. El debate no pasa únicamente por la contabilidad fina del viaje, sino por el uso de un recurso estatal de máxima jerarquía para resolver una situación de índole personal. Ahí es donde la controversia se vuelve delicada para el oficialismo. En un gobierno que hace del ajuste una bandera moral y política, los gestos pesan tanto como los números.

El episodio, en definitiva, golpea en un punto sensible. No porque cambie por sí solo el rumbo del Gobierno, sino porque deja al descubierto una tensión que ya apareció otras veces en la gestión Milei: la distancia entre la épica de la motosierra y las prácticas concretas del poder. Y cuando esa distancia se vuelve visible, el problema ya no es sólo de comunicación. Es de coherencia.