Vecinos convocan a una protesta frente al Municipio por falta de respuestas sobre el arsénico en el agua

La discusión por la calidad del agua escaló un nuevo peldaño en Mercedes con el llamado público de la agrupación T.A.S. (Tomemos Agua Segura), que convocó a la comunidad a una movilización sostenida frente al Palacio Municipal. La acción apunta de manera directa a la Intendencia y al área sanitaria del Ejecutivo, a quienes responsabilizan por no adecuar los controles y la gestión del servicio a lo que exige la normativa vigente. La convocatoria se presenta como una respuesta ciudadana ante lo que el espacio considera una omisión grave del gobierno municipal frente al riesgo por arsénico.

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El dirigente de La Libertad Avanza y referente de la Agrupación 9 de Julio, Torres Costa Nahuel, tomó la palabra en representación del espacio y señaló que el punto central es la falta de acción del Ejecutivo. Según planteó, la Municipalidad continúa apoyándose en parámetros obsoletos para evaluar el agua que recibe la población, cuando el Código Alimentario Argentino y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya establecieron el límite obligatorio de diez microgramos por litro. La referencia a valores de cincuenta microgramos —indicó— contradice de forma directa la legislación vigente y constituye, a su entender, un incumplimiento de la autoridad local.

En ese mismo sentido, cuestionó el rol del Departamento Ejecutivo en materia sanitaria y sostuvo que se ha optado por archivar el debate en el Concejo Deliberante para evitar asumir el costo de las obras que demanda la adecuación del servicio. Para Torres Costa Nahuel, la actitud del oficialismo en el HCD no hace más que reforzar lo que describió como una estrategia para eludir responsabilidades. Recordó también los antecedentes judiciales del caso Kersich, tramitado en el Juzgado de Mercedes, donde se ordenó a municipios vecinos la entrega de bidones de agua segura. Afirmó que la situación actual en Mercedes se asemeja a ese precedente y que la respuesta municipal dista de cumplir con ese estándar.

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“La responsabilidad de la salud pública es del Poder Ejecutivo Municipal. La decisión de archivar el debate fue un acto político, pero la falta de agua segura es un delito sanitario. El intendente debe dejar de escudarse en el HCD y afrontar su deber”, sostuvo. De acuerdo con su planteo, la negativa del Ejecutivo a reconocer la problemática constituye un acto de omisión que agrava el riesgo sanitario de la población.

La convocatoria de T.A.S. incluye además una estrategia judicial. El espacio anunció que iniciará una campaña de análisis certificados para reunir muestras de agua en distintos domicilios de la ciudad. El objetivo es conformar un cuerpo de pruebas que permita presentar un amparo colectivo ante el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, en el que se demande directamente al Ejecutivo municipal y a ABSA. Según adelantaron, la presentación buscará una medida cautelar para garantizar el suministro inmediato de agua segura a las familias afectadas y exigir un plan de obras supervisado judicialmente que contemple la construcción de una planta de abatimiento de arsénico, considerada indispensable para adecuar el servicio a las exigencias legales.

La agrupación informó que estará presente desde este lunes en la Plaza San Martín, frente al Palacio Municipal, para brindar información, empadronar vecinos y organizar el sistema de muestreo domiciliario. Sostienen que la participación ciudadana será decisiva para visibilizar el problema y para forzar una respuesta institucional que, según afirman, no ha llegado por los canales políticos tradicionales. “Tanto el Poder Ejecutivo como los concejales que solicitaron el archivo son responsables directos por inacción u omisión de no permitir que sepamos la verdad. Y sobre todo son responsables de no proponer la emergencia en el área para que el presupuesto que se votaría en los próximos días contemple esta emergencia sanitaria”, concluyeron.

La movilización se presenta así como un nuevo capítulo en un debate que crece al ritmo de la preocupación vecinal y que vuelve a poner en primer plano el rol del Estado local en la protección de la salud pública.