Vía libre para que Kicillof aumente impuestos sin pasar por la Legislatura

La declaración de emergencia económica sancionada de madrugada el último jueves por la Legislatura bonaerense no solo introduce un régimen excepcional de administración pública. También modifica el equilibrio institucional al conceder al Poder Ejecutivo una serie de facultades que, en condiciones ordinarias, requieren intervención parlamentaria. Entre ellas se destaca la posibilidad de alterar parámetros impositivos sin que cada modificación deba volver al recinto.

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El texto aprobado como parte del paquete del Presupuesto 2026 establece un escenario de recesión, caída de recaudación y disminución de transferencias nacionales. Ese cuadro, según el oficialismo, justifica una delegación temporal de poderes destinada a agilizar decisiones y evitar demoras administrativas que, de acuerdo con el argumento central, pondrían en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Sin embargo, la redacción de la ley es lo suficientemente amplia como para habilitar al gobernador a ajustar tributos mientras esté vigente el régimen.

El alcance de esa facultad no es menor. La Provincia administra impuestos clave como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. La emergencia permite que el Ejecutivo retenga la capacidad de actualizar alícuotas, recalcular bases imponibles, modificar escalas y revisar exenciones sin atravesar el proceso legislativo clásico. No se trata de la creación de nuevos impuestos, algo que la Constitución provincial reserva a la Legislatura, pero sí de la posibilidad de alterar la estructura y carga de los existentes mediante decretos o resoluciones administrativas.

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Históricamente, las leyes de emergencia en territorio bonaerense habilitaron dispositivos similares en contextos de inestabilidad económica. La diferencia, en este caso, es la duración: la vigencia se extiende hasta marzo de 2027, un período prolongado que convierte estas facultades en una herramienta de gestión de largo alcance. Desde la oposición ya cuestionaron la falta de debate y el riesgo de que esta delegación diluya los controles propios de la división de poderes, especialmente en materia tributaria, donde los cambios tienen impacto inmediato sobre la actividad económica y el bolsillo de los contribuyentes.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la situación fiscal exige agilidad y flexibilidad para administrar recursos en un contexto de menor disponibilidad de fondos nacionales. Bajo esa mirada, la emergencia no sería un cheque en blanco sino un marco operativo para atravesar un período adverso. No obstante, el texto de la ley deja claro que, durante su vigencia, las decisiones fiscales del Ejecutivo no dependerán de autorizaciones legislativas puntuales.

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La aplicación concreta de estas facultades definirá el verdadero alcance de la emergencia. Mientras tanto, el debate no se agota en la letra de la ley: involucra el rol del Estado provincial, el nivel de control político y la relación entre recaudación, gasto y autonomía. Lo que sí está claro es que, a partir de ahora, cualquier cambio en los impuestos provinciales podrá resolverse dentro del despacho del gobernador sin esperar el ritmo de la Legislatura.