SOLA A LOS JUECES DE PAZ “EL QUE NO ESTE CAPACITADO QUE SE VAYA”

Los cambios al Código Procesal Penal para ceder a los jueces de paz atribuciones de los jueces de garantías, en lo referido a “medidas de coerción personal” y “medidas probatorias” solicitadas por los fiscales, están contemplados en uno de los cuatro decretos que Solá firmó el viernes pasado y fueron publicados ayer en el Boletín Oficial.

Se trata del decreto 1111 que, entre otras medidas, establece que “los jueces de paz de todos los partidos de la Provincia intervendrán a requerimiento del agente fiscal en las medidas de coerción personal, medios y diligencias de prueba” que permitan avanzar en la investigación de un delito cometido en el ámbito de su jurisdicción.

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La intención del gobierno provincial es que la presencia de un juez de paz en cada uno de los 134 distritos bonaerenses permita “acercar la Justicia” a los distritos alejados de los 18 Departamentos Judiciales que, en la mayoría de los casos, se encuentran a más de cien kilómetros de distancia de algunas localidades.

Por eso, Solá decidió ceder a los jueces de paz -por la vía de un decreto que ahora sería convertido en ley por la Legislatura, para evitar cuestionamientos por inconstitucionalidad- facultades para que puedan autorizar, por ejemplo, allanamientos solicitados telefónicamente por un fiscal, basándose en la información preliminar que le acerquen los policías locales que eventualmente participen en la recopilación de pruebas para la investigación de un delito.

Pero antes de que el decreto fuera publicado ayer en el Boletín Oficial, hubo varios jueces de paz que se opusieron a esta medida por considerar que no están capacitados para cumplir funciones que actualmente tienen los jueces de garantías.

CRITICAS DE SOLA

Solá rechazó ayer los argumentos que esgrimen los jueces de paz que rechazan la iniciativa del gobierno provincial y dijo: “El que no está capacitado, que renuncie”.

El Gobernador reiteró que la Provincia “está en emergencia en el tema de la seguridad” y dijo que es “la población” la que “pide” que los jueces de paz “se comprometan”. En esa línea, sostuvo que “muchos de buena fe dicen lo que piensan, pero tienen que pensar que hay una obligación social y una demanda de la comunidad que les pide intervenir en eso”.

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En declaraciones que realizó al asistir a la inauguración de la sede del conservatorio Gilardo Gilardi en La Plata, ratificó que no dará marcha atrás con el decreto que firmó el viernes: “El intervenir en la orden de allanamiento o en la orden para que se aprehenda una persona es algo a lo que está dispuesto un intendente o muchas personas que no son profesionales”, dijo, y enseguida preguntó: “¿Cómo no van a estar dispuestos los jueces de paz?”.

Solá destacó que “obviamente” el Gobierno va a “ayudar” a los jueces de paz “en la medida en que sea necesario”, pero insistió en que “el que no está capacitado, que renuncie”.

El juez de paz de Tres Lomas, José Cuñado, fue uno de los primeros que salió públicamente a oponerse al decreto de Solá y dijo que con estas medidas “no se va a agilizar el combate contra la inseguridad”. Además, a modo de ejemplo de algunos de los contratiempos que podría originar esta iniciativa, mencionó “la falta de fiscales en el interior de la Provincia”.

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Cuñado explicó en ese sentido que “si el fiscal no está en el lugar donde ocurrió el delito no podremos dar una orden de allanamiento y entonces esta medida terminará a consideración de los jueces de garantías”.

Por su parte, Solá dijo que todavía no firmó el decreto para restringir la venta de alcohol, ya que para avanzar con esa medida quiere “tener la plena seguridad sobre la colaboración de todos los intendentes para actuar en conjunto”.