La motosierra de Kicillof: recortes, ajuste y un relato que apunta siempre a Nación

Durante meses, el discurso político del oficialismo bonaerense construyó una idea clara: todos los problemas económicos y sociales de la Provincia tienen un único responsable, el gobierno nacional de Javier Milei. Sin embargo, detrás de esa narrativa empiezan a aparecer señales cada vez más evidentes de un ajuste provincial que ya impacta en salud, asistencia alimentaria, salarios y servicios esenciales.

El caso más reciente ocurrió en Mercedes, donde el Municipio difundió un comunicado responsabilizando al Estado Nacional por la baja de la Caja MESA, un programa alimentario que en realidad pertenece a la Provincia de Buenos Aires. La frase no pasó inadvertida: el gobierno local afirmó que Nación “dio de baja” el programa, cuando su administración y continuidad dependen del gobierno bonaerense.

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La situación dejó expuesto algo más profundo: la necesidad política de trasladar permanentemente la responsabilidad hacia afuera incluso en áreas donde la Provincia tiene control directo.

Mientras tanto, las señales de crisis interna empiezan a multiplicarse.

Una de las áreas más golpeadas es IOMA. Afiliados de distintos puntos de la provincia vienen denunciando demoras en autorizaciones, recortes de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos, problemas con derivaciones y conflictos con profesionales que dejan de atender por atraso en los pagos. La obra social bonaerense atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y el malestar ya no se limita a redes sociales: se trasladó a reclamos públicos, judiciales y protestas de afiliados.

A eso se suma el deterioro salarial de los trabajadores estatales bonaerenses. Docentes, auxiliares, personal de salud y distintos sectores provinciales vienen reclamando que las actualizaciones salariales corren muy por detrás de la inflación acumulada. En términos reales, los ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo mientras la Provincia enfrenta crecientes dificultades financieras.

En Mercedes, incluso empleados municipales vienen reclamando con urgencia que el gobernador Axel Kicillof convoque al Consejo del Salario municipal bonaerense para discutir una recomposición urgente de ingresos. El deterioro económico llegó a un punto crítico donde algunos trabajadores deben recurrir a los bolsones de alimentos que distribuye el propio Municipio para complementar ingresos que ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

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El escenario también impacta en programas alimentarios y de contención social. Municipios y organizaciones comunitarias reconocen un aumento constante de la demanda en comedores y merenderos. En Mercedes, el propio gobierno local habló de un “momento muy complejo” y admitió que cada vez más vecinos recurren a la asistencia alimentaria.

Paradójicamente, mientras el Municipio destaca el esfuerzo local para sostener comedores, viandas y ayuda social, el mismo comunicado buscó responsabilizar exclusivamente al gobierno nacional por la situación de la Caja MESA, pese a tratarse de un programa provincial.

La paradoja es evidente. El gobierno bonaerense cuestiona públicamente la “motosierra” de Javier Milei mientras en simultáneo comienzan a verse recortes, limitaciones presupuestarias y ajustes concretos dentro de estructuras manejadas por la propia Provincia.

El problema para Axel Kicillof es que la explicación basada únicamente en la caída de transferencias nacionales empieza a mostrar límites. Porque una cosa es discutir el reparto de recursos entre Nación y Provincia y otra muy distinta es negar el impacto de decisiones provinciales que ya afectan servicios básicos para millones de bonaerenses.

En el medio queda una sociedad agotada, atrapada entre administraciones que se responsabilizan mutuamente mientras los problemas concretos siguen creciendo: menos prestaciones, más demora, más asistencia social y salarios cada vez más deteriorados.