El Municipio responsabilizó a Nación por la baja de un programa que en realidad es provincial

El gobierno municipal de Mercedes quedó envuelto en una polémica tras difundir un comunicado oficial en el que atribuye al Estado Nacional la baja del programa alimentario Caja MESA, cuando en realidad se trata de una política implementada y administrada por la Provincia de Buenos Aires.

La afirmación fue realizada durante una reunión de la Mesa de Seguridad Alimentaria encabezada por el intendente Juan Ignacio Ustarroz en el predio de La Trocha. Allí, el Municipio reunió a representantes de comedores, clubes, comerciantes, productores locales, fuerzas de seguridad, educación y sectores políticos con el objetivo de coordinar acciones frente al aumento de la demanda social.

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Durante el encuentro, el jefe comunal aseguró que la ciudad atraviesa “un momento muy complejo” y destacó la necesidad de fortalecer “las redes comunitarias y las políticas alimentarias” ante el crecimiento de vecinos que recurren a la asistencia alimentaria.

Según los datos difundidos por la propia comuna, actualmente Mercedes sostiene una red de asistencia que incluye 30.000 viandas mensuales distribuidas a través de 42 comedores y 32 merenderos. Además, se informó la entrega de 3.300 bolsas de alimentos para familias en situación crítica y el acompañamiento de distintos dispositivos comunitarios vinculados a clubes y organizaciones barriales.

El Municipio también destacó programas de producción local y asistencia nutricional, como la Huerta La Utopía, la Colonia Agroecológica, el programa Cosechar Arraigo y proyectos vinculados a producción de alimentos para reforzar la ayuda social. Incluso se mencionó una propuesta denominada “supersopa mercedina”, impulsada junto a productores locales y organizaciones comunitarias.

Sin embargo, el eje de la controversia apareció cuando el comunicado afirmó que existen “7.500 beneficiarios del programa Caja MESA que ahora el gobierno nacional acaba de dar de baja”.

El problema es que el programa MESA no depende del Estado Nacional. Se trata de un esquema bonaerense vinculado al Servicio Alimentario Escolar y coordinado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, la administración nacional no tiene control directo sobre su continuidad operativa.

Más adelante, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva, reforzó la idea al señalar que la suspensión se debe a “un recorte del Estado Nacional”. Y allí aparece la discusión política de fondo: una cosa es sostener que la Provincia recibe menos recursos o asistencia desde Nación y otra muy distinta es afirmar que el gobierno nacional “dio de baja” un programa provincial.

La diferencia no es menor. La frase utilizada en el comunicado traslada directamente la responsabilidad administrativa al gobierno de Javier Milei, cuando la eventual suspensión o interrupción del programa depende de decisiones adoptadas por Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires.

El episodio volvió a abrir interrogantes sobre el uso político de comunicados institucionales en temas sensibles como la asistencia alimentaria, especialmente en un contexto social complejo donde miles de familias dependen de esos programas para acceder a alimentos básicos.