Diego Cabot: el periodismo y el derecho a proteger las fuentes quedaron en el centro de la causa Cuadernos

La figura de Diego Cabot volvió a ocupar un lugar central en uno de los expedientes judiciales más impactantes de la historia reciente argentina. El periodista que reveló la denominada “Causa Cuadernos” declaró durante cerca de 13 horas ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por corrupción derivado de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. La audiencia dejó una escena con fuerte peso institucional: la Justicia terminó reafirmando el derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes de información.

Cabot, periodista de investigación de La Nación y ganador del Premio Rey de España por el trabajo que destapó el caso, fue consultado durante horas sobre el origen del material, el proceso de verificación y el contexto en el que recibió los cuadernos que luego derivaron en una megacausa judicial con empresarios, exfuncionarios y exintegrantes del kirchnerismo procesados y llevados a juicio.

La tensión principal apareció cuando algunas defensas buscaron avanzar sobre la identidad de quienes acercaron la documentación periodística. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que el secreto profesional periodístico se encuentra protegido por la Constitución Nacional y por estándares internacionales vinculados a la libertad de prensa. En términos prácticos, el mensaje judicial fue contundente: un periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes.

La situación no es menor. En tiempos donde buena parte del debate público gira alrededor de la relación entre política, justicia y medios, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión histórica: hasta dónde puede avanzar el poder judicial sin afectar garantías esenciales para el trabajo periodístico. La protección de las fuentes no es un privilegio personal del periodista, sino una herramienta central para que investigaciones sensibles puedan salir a la luz.

La denominada “Causa Cuadernos” nació en 2018 luego de que Cabot recibiera las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas. Aquellas anotaciones describían recorridos, entregas de dinero y movimientos vinculados al sistema de obra pública. El expediente derivó en decenas de detenciones, confesiones de empresarios arrepentidos y uno de los procesos judiciales más grandes por corrupción en la Argentina.

Más allá de las derivaciones políticas y judiciales del expediente, la extensa declaración de Cabot dejó otro dato relevante: la investigación periodística volvió a aparecer como un actor incómodo pero determinante dentro del funcionamiento institucional democrático.

En un contexto de creciente hostilidad hacia el periodismo en distintos sectores políticos, el respaldo del tribunal al derecho de preservar las fuentes fue leído por muchos como una señal de defensa a una garantía básica de la libertad de expresión. Porque sin reserva de identidad para quienes aportan información sensible, muchas investigaciones de interés público simplemente no existirían.