El municipio pone en marcha el Presupuesto Participativo 2026 y suma a las escuelas a un debate clave

El municipio dio el puntapié inicial al Presupuesto Participativo de Cooperadoras Escolares 2026 con un encuentro que reunió a autoridades, instituciones educativas y representantes de la comunidad. La convocatoria no solo apuntó a ordenar el esquema de trabajo para el año, sino que sumó un componente político e institucional: la participación de las escuelas en la construcción de un Código de Ética y Transparencia.

La jornada se desarrolló en el Martín Rodríguez y contó con la presencia del intendente Juan Ignacio Ustarroz y el secretario de Educación, José Luis Pisano, junto a referentes del sistema educativo como el inspector distrital Cristian Ponce, autoridades del Consejo Escolar y la Federación de Cooperadoras. El objetivo fue claro: fijar pautas, cronogramas y condiciones para la ejecución de los fondos.

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El intendente puso el foco en la lógica del programa, destacando la necesidad de sostener mecanismos de decisión colectiva. La experiencia del año pasado, con 46 proyectos ejecutados y una inversión cercana a los 200 millones de pesos, fue presentada como antecedente y punto de partida para una nueva etapa que busca consolidarse.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la capacitación sobre las asambleas anuales que las cooperadoras deben realizar durante mayo. Allí se hizo hincapié en la regularización administrativa, la documentación obligatoria y los procedimientos necesarios para garantizar el funcionamiento formal de cada entidad, en un esquema que exige cada vez mayor orden y control.

Pisano remarcó el rol clave de las cooperadoras en la gestión de recursos públicos. No se trata solo de canalizar demandas escolares, sino de administrar fondos de manera directa, lo que implica responsabilidades concretas y la necesidad de herramientas técnicas para sostener la transparencia en cada etapa del proceso.

En ese marco, apareció uno de los anuncios más relevantes: la invitación a las instituciones educativas a participar en la elaboración de un nuevo Código de Ética y Transparencia para la ciudad. La propuesta apunta a ampliar el debate más allá de la gestión municipal, incorporando a la comunidad educativa como actor activo en la discusión sobre el uso de recursos y la función pública.

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La iniciativa busca que las cooperadoras trasciendan su rol tradicional vinculado a mejoras edilicias o necesidades puntuales, y se conviertan en espacios de participación ciudadana con incidencia en temas estructurales. Es un paso que, en los hechos, amplía el alcance político del programa.

Con este primer encuentro, el municipio deja planteada una hoja de ruta que combina financiamiento, participación y control. El desafío ahora será sostener ese equilibrio en la práctica, en un contexto donde la transparencia ya no es solo un discurso, sino una demanda concreta de la sociedad.