Chocó, lo derivaron tarde y ahora teme perder la movilidad del brazo

La historia de Diego Santa Cruz expone una trama que va mucho más allá de un siniestro vial. El caso, presentado en el programa “Juez y Parte” de MercedesYA, pone el foco sobre las demoras del sistema público de salud, la falta de derivaciones oportunas y el riesgo concreto de que un joven vecino quede con secuelas permanentes mientras espera una cirugía que nunca llega.

El relato es duro. Diego contó que el accidente ocurrió el 27 de marzo, cuando estaba a metros de llegar a su casa. Otra moto lo chocó y escapó del lugar. Las consecuencias fueron severas: fractura de escápula y traumatismo en la cabeza. Sin embargo, según explicó, inicialmente fue enviado de regreso a su domicilio pese a los fuertes dolores que seguía padeciendo.

Con el paso de los días, y tras nuevas consultas médicas, surgió el diagnóstico más preocupante: necesitaba una operación urgente para evitar daños irreversibles en la movilidad de uno de sus brazos. Ahí comenzó otra odisea. De acuerdo con su testimonio, en el Hospital Blas L. Dubarry le informaron que la complejidad de la intervención excedía las capacidades del centro de salud y que debía ser derivado a otro hospital provincial, posiblemente en La Plata. Pero la derivación nunca se concretó.

Durante la entrevista, Diego describió un escenario de desorganización, falta de respuestas claras y trámites que parecen quedar atrapados entre distintas áreas administrativas. Incluso relató que debió viajar hasta Suipacha para realizarse una tomografía porque el tomógrafo local estaba fuera de servicio. Mientras tanto, los días siguieron corriendo y el cuadro médico se agravó.

El dato más alarmante surgió recientemente. Según contó en el programa, médicos le advirtieron que, tras más de 40 días sin cirugía, algunos especialistas podrían negarse a intervenir debido a la complejidad creciente del caso o a las secuelas ya instaladas. En otras palabras: el tiempo perdido podría transformarse en una discapacidad permanente.

La situación sanitaria además impacta de lleno sobre su realidad económica y familiar. Sin obra social y sin poder trabajar desde el accidente, Diego aseguró que tuvo que vender pertenencias personales para poder sostener la alimentación de sus hijos. El drama, entonces, no es solamente médico: también es social.

En el estudio, los abogados Rogelio Masson y Fernando Mazzuca analizaron el caso desde el punto de vista jurídico y plantearon que podría existir una eventual responsabilidad estatal por incumplimiento del derecho a la salud. En ese marco mencionaron la posibilidad de presentar un recurso de amparo para exigir una respuesta urgente del sistema sanitario provincial.

Más allá de lo judicial, el caso vuelve a abrir interrogantes incómodos sobre el funcionamiento de las derivaciones médicas, la capacidad operativa de los hospitales públicos y las consecuencias que tienen las demoras burocráticas cuando el reloj corre en contra de un paciente.