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La polémica por los radares llega a tal punto en la Provincia que ni siquiera senadores y diputados se pueden poner de acuerdo. Es que Diputados había aprobado hace unos 20 días suspender por 180 días su utilización a la espera de que se avanzara en una reglamentación del uso de estos sistemas. Sin embargo, ayer, los senadores impulsaron lisa y llanamente su prohibición.

“Es un sistema que no sirve, que cuando se instrumentó fue un cazabobos para engordar el bolsillo de algunos y no para educar a los automovilistas”, justificó el senador peronista Horacio Román.

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Y agregó: “No va más, se debe prohibir; es un sistema para que tres vivos se llenen los bolsillos”. Al mismo tiempo, propuso que los controles queden en manos de la Policía Vial y de los inspectores municipales en los distintos distritos.

Claro que la prohibición no quedó firme, ya que deberá ser refrendada por los diputados que, como se dijo, tenían en principio otra opinión. Aún así, los radares no están funcionando en las rutas, a pesar de que venció la última suspensión en su uso.

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HISTORIA DE CONFLICTOS

El argumento utilizado ayer por Román -el de la “trampa cazabobos"- fue el mismo esgrimido para aprobar la primera suspensión en su uso, en 1998, desde que comenzaron a funcionar.

En especial funcionaban en las rutas 2 y 11 donde eran explotados por empresas privadas con el permiso de los Intendentes. La queja recurrente fue que no estaban destinados a controlar realmente las altas velocidades, sino a hacer “caja” por parte de las comunas, que lograban así ingresos extraordinarios. Se objetaba que estuvieran escondidos y que a partir de su uso se obligara a bajar de golpe la velocidad para no ser pasible de una infracción.

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El tema siguió levantando polvareda y se sucedieron las suspensiones por parte de la Legislatura, hasta que el año pasado se avanzó un poco más: no sólo se vedó el uso de los radares fotográficos, sino también los controles manuales de velocidad, es decir, las pistolas con sensores.

Y además se dejaron sin efecto todos los actos administrativos y las actuaciones en trámite en distintos municipios, como así también las acciones judiciales iniciadas por ellos, con miras al cobro de multas y la imposición de sanciones a los presuntos infractores.

OTROS ARGUMENTOS

El proyecto aprobado ayer por unanimidad en el Senado hace mención a que estos controles de velocidad con radares “no permite a los presuntos infractores conocer en forma inmediata tanto la imputación que se les hace como tampoco verificar el funcionamiento del aparato utilizado, violentando así el derecho constitucional de legítima defensa”.

Los senadores sostuvieron además que esta situación “se ha prestado para que se cometieran múltiples abusos por parte de funcionarios municipales a cargo de estos aparatos, la mayoría de las veces pertenecientes a particulares o empresas que solamente perseguían un objetivo recaudatorio”.

Asimismo apelaron “al buen criterio” de las autoridades provinciales para que “encuentren un sistema de comprobación que se adecue a las garantías constitucionales”.

Ahora se deberán expedir sobre este tema los diputados. Mientras tanto, excepto por alguna presencia policial con efecto disuasivo en las rutas, no existe ningún tipo de control de velocidad en los caminos de la Provincia.