Laporta y el voto más incómodo del año: presión política en el HCD por la ordenanza impositiva

El tablero del Concejo Deliberante de Mercedes quedó trabado en un punto preciso: sin concesiones a la oposición, el oficialismo no puede alcanzar los 19 votos que exige la Constitución para aprobar una nueva ordenanza impositiva. Esa aritmética rígida convirtió una votación técnica en una pulseada política de alto voltaje, donde cada gesto pesa y cada ausencia se paga caro.

En ese escenario emergió un nombre propio. Aida “Petty” Laporta, concejal de la UCR, quedó ubicada en el centro de todas las especulaciones. No por casualidad. Fue designada vicepresidenta primera del HCD con votos del oficialismo, un cargo que en la práctica suele reservarse para concejales de extrema confianza política. La decisión rompió una tradición no escrita pero habitual en el Concejo: ese lugar solía quedar para la segunda fuerza más votada en la última elección, algo que esta vez no ocurrió.

Desde la oposición, varios concejales ya denunciaron lo que consideran una maniobra en ciernes. La sospecha es clara: que Laporta “pague el favor” de su nombramiento acompañando con su voto una ordenanza impositiva que, sin acuerdos previos, no reúne los apoyos necesarios. La acusación no se formula en abstracto. Apunta a una votación concreta, en un contexto donde el oficialismo quedó a un voto de la mayoría y hoy no tiene cómo recuperarlo sin negociar.

El cuadro se vuelve todavía más sensible por un dato político imposible de soslayar. Laporta es la madre de Julián Insaugarat, concejal de Fuerza Patria. El parentesco, legítimo en lo personal, adquiere una dimensión política inevitable en un momento en el que un solo voto puede definir el rumbo fiscal del Municipio. La pregunta empezó a circular con fuerza en los pasillos del HCD: qué pesará más, el mandato que Laporta recibió de sus votantes en 2023 cuando ingresó de la mano de Juntos, o los vínculos familiares y los acuerdos de poder que hoy la rodean.

La propia Laporta tomó nota del clima enrarecido. En la última sesión preparatoria pidió la palabra de manera expresa para despegarse de las versiones que ya la señalaban como “vendida al kirchnerismo”. Su intervención fue directa y sin matices. Afirmó que no es kirchnerista, ni peronista, ni parte de ningún otro espacio que no sea la UCR. “Soy radical, de la UCR”, dijo, visiblemente molesta por los rumores que ya circulaban dentro y fuera del recinto.

Ese pronunciamiento público elevó aún más la expectativa sobre su conducta futura. En un Concejo donde el oficialismo necesita sí o sí un voto extra, la definición de Laporta quedó cargada de simbolismo político. Un acompañamiento sin cambios al proyecto impositivo confirmaría las sospechas que hoy se denuncian. Un voto en contra, o condicionado a modificaciones sustanciales propuestas por toda la oposición, marcaría un límite claro y ratificaría el lugar desde el que fue elegida.

El margen es estrecho. La única salida institucional limpia para destrabar el conflicto pasa por un nuevo proyecto, tratamiento en comisión y una votación que alcance la mayoría constitucional con acuerdos explícitos. Todo lo demás alimenta la idea de maniobras, favores cruzados y decisiones tomadas al borde de la legalidad política.

Por eso la presión existe y es real. No se trata solo de una ordenanza impositiva, sino de una definición que puede dejar huella. En la próxima sesión, Laporta no votará en el vacío. Lo hará bajo la mirada de sus votantes, de sus pares y de una oposición que ya dejó en claro que no está dispuesta a mirar para otro lado.