El abogado penalista José Luis España presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusándolo de incumplir sus funciones y de agravar la crisis de inseguridad que golpea al territorio bonaerense. La acción judicial, interpuesta en plena feria judicial, expone un panorama alarmante basado en estadísticas oficiales y reportes de diversos medios de comunicación.

Según la denuncia, la violencia en la provincia se ha intensificado significativamente. En 2023, los homicidios aumentaron un 14,8 % en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 822 víctimas fatales, de las cuales más de la mitad fueron asesinadas con armas de fuego. Asimismo, los robos con uso de armamento también experimentaron un incremento.

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El comienzo de 2025 no ha mostrado mejoras en esta situación. En los primeros 26 días de enero, se registraron 28 enfrentamientos armados entre policías y delincuentes en distintos puntos del conurbano, lo que equivale a un tiroteo cada 20 horas. La Matanza se mantiene como uno de los distritos más afectados, donde la violencia se ha convertido en una constante.

España argumenta que la crisis no se debe únicamente a la proliferación del delito, sino también a la inacción del gobierno provincial. En su presentación, señala diversas decisiones adoptadas por la administración de Kicillof que, a su entender, han profundizado la problemática. Entre ellas menciona la reducción del presupuesto en seguridad, el cierre de unidades policiales sin estrategias de reemplazo, la falta de inversión en formación y equipamiento policial, la disminución de efectivos, la eliminación de patrullajes preventivos y la ausencia de coordinación con fuerzas federales y municipales. Además, acusa al gobierno de desmantelar unidades de investigación criminal, negar la crisis y mantener salarios bajos en el personal policial.

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La denuncia también hace referencia a la Ley 12.154 del Sistema Provincial de Seguridad Pública, que establece que el mantenimiento del orden y la seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado provincial. Además, menciona la Ley 13.210, que introduce la Policía Comunal de Seguridad y el rol del Defensor Municipal de Seguridad, organismos que habrían sido desatendidos durante la actual gestión.

El tema ha generado fuertes críticas en el ámbito político. Desde Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza han acusado a la administración bonaerense de no aplicar políticas eficaces para frenar la escalada delictiva. En contraste, el oficialismo sostiene que el problema de la inseguridad es estructural y no puede atribuirse únicamente a la gestión de Kicillof.

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La denuncia presentada por España se encuentra en etapa de evaluación judicial y podría derivar en una investigación formal contra el gobernador. Mientras tanto, la preocupación por la inseguridad sigue en aumento, y miles de bonaerenses continúan viviendo bajo la sombra del delito, esperando respuestas concretas por parte del gobierno provincial.