Acyd Candy: Oscurantismo político

Por Acyd Candy

Hace unos días, en nuestra sociedad local, asistimos a un debate vinculado a la existencia de decretos del ejecutivo municipal que no fueron publicados; mas aún, según se observa, habrían encontrado más de cincuenta folios en blanco que – al no haber sido anulados – podrían válidamente ser utilizados para edición de decretos antedatados.

Hacer referencia a cuan esencial resulta la publicidad de los actos de gobierno en un sistema democrático, por obvio, no merece comentarios. El principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública, son de la esencia de la democracia y, según consulto, vienen garantizados por los arts. 1, 33 y cc de la Constitución Nacional. Cuando la ex presidente CFK firmó el Decreto 2103/2012, en sus consideraciones señaló “que el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía”. Seguía fundando CFK: “Que debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen a la transparencia de los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información” y, cerraba, señalando, “el marcado interés en conocer las decisiones que adopta el poder político”.

Puede Interesarte:

Carlos Mosso apuesta por un nuevo rumbo político en Mercedes con el espacio Potencia

Con ese decreto, el N° 2103/2012, CFK dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Nacional y Jefe de Gabinete de Ministros. Por entonces, el periodista Claudio Savoia (cuando no, el periodismo), estaba accionando contra el Estado Nacional, mediante un amparo presentado contra la negativa de la Secretaría Legal y Técnica de brindarle acceso a los decretos dictados durante la dictadura militar, bajo el argumento de que eran de carácter “secreto y reservado”. Esta acción, terminó siendo recientemente resuelta por la Corte Suprema (a principios de marzo de este año), destacando la insuficiencia de aquel decreto 2103/2012, por cuanto como “no dispuso una orden de publicación predeterminada” de dichos decretos.

A contramano del relato de la propia líder (aunque tal vez en el mismo sentido de la realidad subyacente al relato), la falta de publicación de actos de gobierno (en el caso de Ustarroz, de sus decretos) es una práctica oscurantista. ¿Puede considerarse que la falta de publicación de mas de 2.500 decretos municipales sea una desprolijidad administrativa… un acto involuntario, o más bien debemos considerar que es una práctica deliberada para evitar que determinados hechos y datos sean difundidos a la población?

La falta de publicación, que restringe el conocimiento a unos pocos, es – fundamentalmente - una conducta antidemocrática sea que se oculte porque se considera a la gente incapaz intelectualmente de conocer los hechos, sea que se la considere tan capaz que se prefiere ocultar la información para evitar cambios de opinión en la ciudadanía. Mas aún, la existencia de folios en blanco, que dan al Ejecutivo Municipal la posibilidad hipotética de modificar actos con fecha antedatada, no solo permitiría inferir oscurantismo, sino además, voluntad de distorsionar actos o hechos, a conveniencia… “con el diario del lunes”.

Los decretos secretos de los ejecutivos, son prácticas históricas en nuestro país. El primer decreto reservado, según explica Mariel Fitz Patrick en nota publicada en Infobae, se remontan a 1956, “con la llegada de la autodenominada revolución Libertadora, con Pedro Eugenio Aramburu, como presidente de facto”. Durante la última dictadura militar, siguiendo la misma investigación citada de Fitz Patrick, hubo 7.114 decretos secretos, con contenido tan diverso como que algunos ordenaban detenciones ilegales, cuanto que otros aprobaban contratos de publicidad para mejorar la imagen de la junta militar, la compra de armas o la venta de un submarino. Todo con ocultamiento a la ciudadanía.

El ocultamiento y potencial adulteración de mas de 2.500 decretos del intendente Ustarroz tiene reminiscencias de momentos oscuros de nuestra historia; de etapas en donde los gobernantes gobernaban a espaldas de la gente, de actos de gobierno ocultables sea por ser impresentables a la sociedad o porque se encaminan a favorecer intereses individuales y no el bien común… el ocultamiento, el oscurantismo político de esta realidad, permite discurrir por senderos impensables, da lugar a las mas diversas teorías respecto a lo que se oculta… puesto que, si no hay nada para ocultar, por qué no publicar cada decreto al momento del dictado… no hay áreas de incumbencia de un gobierno municipal que justifiquen el secreto de actos de gobierno, salvo que se utilicen las estructuras del estado municipal, para fines diferentes, mientras se distrae a la gente con pan y circo… pero de eso, del pan y del circo, haré referencia en otro momento.