Un boliche de Mercedes denunció corrupción municipal y cerró sus puertas

Budda, tradicional espacio nocturno de Mercedes, sorprendió este lunes con una publicación en sus redes sociales en la que anunció el cierre de sus instalaciones. En un duro comunicado difundido por Instagram, el establecimiento acusó directamente a la Secretaría de Habilitaciones y al Juzgado de Faltas de la ciudad de ser cómplices de una presunta red de corrupción que, según denuncian, lleva años permitiendo el funcionamiento irregular de eventos privados sin la habilitación correspondiente.

“Después de más de dos años luchando contra la corrupción dentro del Municipio, nos vemos obligados a cerrar”, comienza el texto difundido por el boliche, que rápidamente cosechó una importante repercusión entre sus seguidores. La publicación, que ya está por superar los mil “me gusta”, denuncia que durante todo ese tiempo Budda fue la única habilitación formal otorgada por la Municipalidad para funcionar como local bailable. Sin embargo, acusan que se ha permitido sistemáticamente la realización de fiestas, eventos y bailes en salones, quintas, bares y espacios no habilitados, en abierta violación a las normativas vigentes. Con casi 10.000 seguidores, algo que llama la atención de esta cuenta es que todas las publicaciones anteriores fueron eliminadas solo quedando esta última.

La queja no solo apunta al trato desigual ante la ley, sino que además advierte que cualquier hecho trágico que pudiera ocurrir en esos espacios sin autorización oficial será responsabilidad de quienes, desde el Estado local, permiten u omiten controlar esas situaciones. La denuncia, de tono grave, cierra con una frase lapidaria: “El acto más grave de corrupción es aceptar un cargo público sin estar capacitado para ejercerlo”.

Junto a la denuncia se acompaña el texto de la ordenanza municipal N° 7872, que regula estrictamente la realización de fiestas y espectáculos de carácter privado en el partido de Mercedes. Esta norma prohíbe expresamente cualquier tipo de evento social que se lleve a cabo sin autorización previa del Municipio, ya sea gratuito o pago, incluyendo fiestas en propiedades particulares o salones alquilados. El texto también fija multas que van desde 600 a 1200 módulos fiscales a los organizadores, locadores, dueños y cualquier persona que facilite un inmueble para ese fin sin habilitación.

La ordenanza, además, establece sanciones agravadas en caso de reincidencia y responsabiliza también a padres, tutores o curadores cuando se trate de menores de edad. Se trata de una norma clara, que ha sido invocada en otras oportunidades para frenar eventos clandestinos, pero cuya aplicación —según denuncian desde Budda— ha sido parcial y discrecional.

Desde el entorno del boliche aseguran que la medida de cierre no es definitiva, pero que la situación es insostenible mientras persistan las diferencias en el cumplimiento de las reglas. El reclamo apunta al fondo del problema: una falta de equidad en las exigencias del Estado hacia quienes trabajan dentro del marco legal, frente a quienes organizan fiestas al margen de toda regulación y sin consecuencias visibles.

En la ciudad, el tema ya generó un fuerte debate entre quienes exigen un control más riguroso sobre las fiestas privadas y quienes ven en el cierre del boliche una señal preocupante sobre el estado de la nocturnidad mercedina.