Tras negociar con la oposición, el Gobierno impulsa la imputabilidad a partir de los 14 años

El oficialismo logró destrabar con sectores de la oposición la convocatoria a la primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados y puso en agenda uno de los debates más sensibles de la política criminal: la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. La sesión quedó prevista para el jueves de la semana próxima, en una jugada que busca mostrar capacidad de acuerdo aun en un tema que genera resistencias transversales.

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La discusión llegará al recinto con una definición ya acordada en la previa. No se tratará el proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar el umbral de punibilidad en 13 años. En su lugar, el oficialismo aceptó avanzar con el dictamen de mayoría firmado en mayo del año pasado, que establece reducir la edad mínima a 14. Esa modificación fue la condición planteada por bloques dialoguistas para habilitar la sesión.

El cambio expone el equilibrio que el Gobierno intenta construir entre un discurso de endurecimiento penal y la necesidad de reunir votos en el Congreso. La edad de imputabilidad funciona como el eje más visible del debate, pero no es el único. La reforma también propone redefinir el modo en que el Estado interviene ante delitos cometidos por adolescentes, con un sistema que combina sanciones con medidas socioeducativas y que abre interrogantes sobre su aplicación real y el rol de las provincias.

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La sesión será el primer test político fuerte del oficialismo en el período extraordinario. Si el proyecto avanza, el Gobierno podrá mostrar un resultado producto de la negociación parlamentaria. Si se empantana, quedará en evidencia el límite de su capacidad de ordenar mayorías en un tema atravesado por posiciones ideológicas, presión social y lecturas simplificadas sobre seguridad. En ese marco, el número final, 14 años, se convierte en algo más que una cifra: es la llave que habilita el debate.