Tamara Pettinato en la mira: aviones, autos y fiestas a costa del Estado

Una controvertida denuncia sacude los cimientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al cuestionar la gestión de su antiguo director, José Glinski, y la presunta implicación de la figura mediática Tamara Pettinato en el uso irregular de recursos estatales. La presentación judicial, que salió a la luz este sábado, fue radicada en el juzgado federal de Lomas de Zamora, bajo la supervisión del juez Federico Villena.

La iniciativa, impulsada por la actual cúpula de la PSA con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca esclarecer si Pettinato, pareja de Glinski, gozó de privilegios indebidos debido a su vínculo personal con el entonces jefe de la fuerza. Las autoridades actuales sostienen haber hallado indicios que justifican una investigación exhaustiva.

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Según detalla la denuncia presentada por Marcelo Kalek, director General de Asuntos Jurídicos de la PSA, se habrían producido una serie de irregularidades durante el mandato de Glinski. Entre ellas, se menciona un trato preferencial hacia Pettinato en los controles aeroportuarios, incluyendo asistencia personalizada y evasión de inspecciones rigurosas.

El documento también señala el presunto uso indebido de vehículos oficiales para traslados personales de Pettinato, así como la asignación de un automóvil incautado para su uso particular. Además, se cuestiona la utilización de la flota de choferes oficiales como un servicio de transporte privado para allegados del exdirector.

Uno de los puntos más polémicos de la denuncia involucra el supuesto uso del avión oficial de la PSA por parte de Pettinato para realizar viajes personales a la provincia de Chubut. Estos desplazamientos habrían ocurrido durante el período de restricciones por la pandemia de COVID-19, aprovechando los recursos estatales para eludir los controles vigentes.

La investigación también abarca el uso irregular de una propiedad oficial ubicada en Martínez, provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, este inmueble habría sido escenario de reuniones sociales frecuentes, a las que asistían altos directivos de la fuerza.

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Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los protocolos y mecanismos de control dentro de la PSA. La actual administración, encabezada por Alfredo Hernán Gallardo y Miguel Ángel Martino, se enfrenta al desafío de restaurar la confianza en la institución y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El caso, que promete generar repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, plantea interrogantes sobre la ética en la gestión de organismos de seguridad y el alcance de las influencias personales en el manejo de instituciones estatales. La resolución de esta investigación podría sentar un precedente importante en la lucha contra el uso indebido de recursos públicos en Argentina.