QUEJAS POR LA OBLIGATORIEDAD DE LOS CONTROLADORES FISCALES

Los comerciantes de nuestro país habrían perdido definitivamente la guerra en el tema de los Controladores Fiscales. La Cámara Económica, logró hace buen tiempo, una resolución judicial mediante la cual este tipo de equipamientos, que solo favorecen al organismo estatal de control, no eran exigibles ante una inspección. La declaración de inconstitucionalidad se extendía a otras presentaciones como el caso de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Pero las instancias siguientes fueron certeros cachetazos para el sector. Otros magistrados, incluso la Corte Suprema, han considerado que los controlados se enmarcan en el plano de lo constitucional, por cuanto la AFIP puede exigirlo y aplicar el peso de la legislación vigente, que incluye o contempla la clausura de los locales.

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El Gerente de la Cámara Económica, Jorge Villareal, tras una reunión realizada por la entidad a mediados de semana, confirmó que en las próximas horas darán a conocer un comunicado y un posicionamiento sobre este tema, que ha montado en cólera a más de un comerciante. ”En el 2001 tuvimos en una segunda instancia una resolución desfavorable de la Cámara de apelaciones de San Martín. Nuestra asesora legal por entonces, nos sugirió, habida cuenta de lo que estaba pasando con otras entidades, discontinuar con el hecho por cuestiones de gastos y teniendo casi garantizado un resultado negativo”, manifestaba.

A pesar que en los últimos meses no se conocen exigencias en tal sentido por parte de la Dirección General Impositiva, la Corte declaró la constitucionalidad de los equipos, ”con lo cual se hace irreversible su implementación... ultimamente hubo algunos controles para con los contribuyentes en los cuales puntualmente se le hace esta exigencia, se labran las actas, determinando incluso posteriores audiencias que todavía no fueron resueltas, pero que tienen sus sanciones y nosotros estamos tratando de apaciguar”, comentaba.

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DEFUNCIÓN
Villareal no duda en decir que un acta de esta naturaleza representa para un comercio, en el estado de recesión actual, lo mismo que un certificado de defunción. Añade que no es para nada un momento oportuno para que un propietario de comercio invierta alrededor de 1.200 dólares en un controlador fiscal. ”Son cifras sumamente importantes, en algunos casos requiere la modificación de sistemas de impresión, lamentablemente la legislación vigente no nos ampara en absoluto. Nosotros hemos manifestado que con esto no se puede parar la evasión, los controladores funcionan cuando se emite el comprobante correspondiente. Entendemos que no es un método, entendemos que obligar a invertir no es la forma que tiene que trabajar el ente fiscalizador... se trata de un despojo porque cuando hay una toma de algo porque el estado lo necesita viene el pago de algo, pero acá te obligan a invertir para que lo use el estado.

Estamos de acuerdo con el control, pero no que tengamos que invertir nosotros o reemplazar una tarea que debería realizar el propio estado”, asevera.
Visiblemente ofuscado y cambiando el tono de sus expresiones, el Gerente de la Cámara encuentra una llamativa rareza en lo resuelto por las instancias judiciales superiores, ”por momentos hasta tenemos la sospecha de que bien arriba pueda haber algún negociado, porque vemos que no se podían traer controladores del exterior, sino que tenían que comprarlos en empresas que lo tenían homologados”, remarca.

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Sobre el futuro de los comercios, que tienen cierta condena por la crisis, Villareal comenta que a ningún empresario del rubro comercial local le sobran 5 o 6 mil pesos para estar cumpliendo con esta obligación... ”también entendemos que aquellos que lo compraron que no sería justo... somos conscientes de eso. Pero hoy es casi imposible exigirlo... no nos cabe duda que esto significará para muchos un certificado de defunción”, concluyó.