Por pedido de Fuerza Patria reactivan controles por posible suba de arsénico en Chivilcoy

La calidad del agua potable volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública en Chivilcoy tras una decisión política que expone una preocupación creciente. En una sesión reciente, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por el bloque Fuerza Patria para reactivar la Comisión Fiscalizadora del Agua, un espacio creado por ordenanza que había dejado de funcionar pese a la persistencia de los reclamos.

El planteo se dio en un contexto de advertencias sobre posibles incrementos en los niveles de arsénico detectados en análisis recientes. Si bien no se difundió un informe oficial consolidado, los datos preliminares encendieron alertas y obligaron a retomar un ámbito de control que, según se recordó en el recinto, surgió originalmente por impulso de la comunidad.

La comisión deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días y tendrá como tarea reunir y analizar estudios provenientes de la empresa prestataria, el municipio y vecinos. También se prevé un relevamiento integral del sistema, desde la planta potabilizadora hasta los pozos de extracción y la red de distribución, en busca de identificar fallas estructurales o déficits de funcionamiento.

Durante el debate, se puso sobre la mesa un dato incómodo: pese a las obras realizadas en los últimos años, los resultados no han sido los esperados. Esa falta de correlato entre inversión y mejora efectiva en la calidad del agua alimenta la desconfianza y sostiene la demanda de controles independientes.

Otro punto que atravesó la discusión fue el impacto desigual del problema. Mientras algunos hogares acceden a alternativas como bidones o sistemas de filtrado, una parte importante de la población depende exclusivamente del agua de red. En ese contexto, la calidad del suministro deja de ser una cuestión técnica para convertirse en un factor de inequidad.

La reactivación de la comisión implica, en los hechos, la reapertura de un canal institucional para monitorear un tema que nunca terminó de resolverse. También obliga a transparentar información y a sostener un seguimiento más riguroso, en un escenario donde la preocupación social vuelve a crecer.

Más allá de los resultados que arrojen los nuevos estudios, el mensaje político ya está dado: el problema no desapareció y la demanda por respuestas concretas vuelve a ganar terreno.