Narcotest obligatorio en San Luis: sorteo definirá a los funcionarios evaluados

A partir del próximo 17 de febrero, la provincia de San Luis dará inicio a un plan de narcotests a empleados y funcionarios públicos, incluidos jueces y legisladores. La medida fue establecida por decreto del gobernador Claudio Poggi y posteriormente convertida en ley. Unos 1.500 funcionarios están comprendidos en este programa, cuya selección se realizará a través de sorteos organizados por la Lotería de San Luis.

La primera tanda de controles incluirá 100 pruebas y se realizará bajo la supervisión de un escribano público. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, responsable de llevar a cabo los análisis toxicológicos.

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El objetivo de estos exámenes es detectar el consumo de sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas y opiáceos, entre otras. Los funcionarios que resulten positivos o se nieguen a realizar el estudio enfrentarán severas sanciones. En el caso del Poder Ejecutivo, el decreto establece la remoción inmediata del cargo, mientras que en el Poder Judicial y el Legislativo, los implicados podrán ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, explicó que todos los funcionarios están identificados con un número asignado, el cual será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis para el sorteo. El costo del análisis deberá ser asumido por cada persona seleccionada, con un precio estimado de $40.000, aunque este monto podría ajustarse antes del inicio de los controles.

La normativa, conocida como “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico”, busca establecer un compromiso ético por parte de quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado. Los alcances de la ley abarcan a funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, jueces del Superior Tribunal y directores de organismos descentralizados.

En un principio, el proyecto no había obtenido el respaldo necesario en la Legislatura, pero la firma de un decreto por parte del propio Poggi, extendiendo el test a él mismo, su vicegobernador y los ministros del gabinete, generó un fuerte impacto público que aceleró la aprobación de la ley.

Cada mes se realizará un nuevo sorteo de 100 funcionarios, y aquellos ya evaluados serán excluidos de las siguientes selecciones. El universo de participantes irá disminuyendo con cada edición, manteniéndose el mismo número de controles mensuales. Antes de cada análisis, los funcionarios deberán declarar si consumen medicamentos que puedan alterar el resultado, como benzodiacepinas o antidepresivos. En caso de resultados positivos, podrán solicitar una contraprueba mediante un procedimiento más riguroso de cromatografía de líquidos y espectrometría de masas.

San Luis se convierte así en la primera provincia del país en implementar una medida de estas características, con el objetivo declarado de reforzar la transparencia y luchar contra el consumo de drogas en los ámbitos del poder público.