Lo amenazaba con contarle a su familia y publicar videos si no le daba 100 mil dólares

Una compleja investigación culminó esta semana con la detención de una mujer de 39 años, acusada de extorsionar a un hombre de 55 mediante amenazas de difusión de contenido íntimo. El operativo tuvo lugar en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, donde agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron interceptarla tras una entrega controlada de dinero.

Según fuentes vinculadas al caso, el encuentro fue pactado por la propia extorsionadora y su víctima en la intersección de las calles Dr. Ignacio Arieta y Comisionado Indart. Allí, efectivos encubiertos aguardaban el momento en que se concretara la entrega de 30.000 dólares, parte del monto exigido por la mujer para no difundir fotografías y videos íntimos del denunciante. Minutos después de recibido el dinero, fue arrestada.

La investigación reveló que el chantaje se desarrolló a través de mensajes enviados por WhatsApp, en los que la imputada no solo pedía una suma total de 100.000 dólares, sino que también amenazaba con hacer pública la relación extramatrimonial si no se cumplía con el pago. La víctima, angustiada, se presentó ante las autoridades y relató que había mantenido durante cinco años un vínculo sentimental con la ahora detenida, y que las amenazas comenzaron días atrás.

Los dólares entregados en la transacción habían sido previamente identificados por los investigadores, a través de un procedimiento conocido como marcación de billetes, lo que permitió documentar con precisión la secuencia del delito y fortalecer la prueba para el expediente judicial.

En la causa interviene la fiscal Roxana Andrea Castelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2, especializada en delitos contra la integridad sexual, con competencia en la jurisdicción donde se desarrollaron los hechos. La calificación legal provisional del expediente es “extorsión por chantaje”.

La mujer fue trasladada a una dependencia policial mientras avanza la instrucción penal. La fiscalía analiza ahora el contenido del teléfono móvil secuestrado, en busca de más pruebas sobre la mecánica de la extorsión y posibles antecedentes similares.