LA JUSTICIA PROVINCIAL TAMBIEN TENDRIA COMPTENCIA EN LOS CASOS DE SECUESTROS EXTORSIVOS
El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa, a través del Ministerio de Justicia, que en casos de secuestros pueda intervenir la justicia provincial; y que se incorpore en el Código Penal de la Nación la pena a quienes participen en la instancia de preparación del delito
El traspaso de la investigación a la justicia bonaerense implicaría una reforma al Código Procesal Penal de la Nación, basada en que la capacidad operativa de la justicia provincial es marcadamente mayor a la de la jurisdicción federal. “Esto coloca al Estado en una situación de desventaja, como si estuviera arrodillado ante el delito, cuyo crecimiento en cantidad y perfeccionamiento de técnicas delictivas obliga al Estado a apelar a una mayor capacidad de respuesta”, enfatizó el Ministro de Justicia, Alfredo Meckievi.
“En la Provincia existen 13 juzgados penales federales que debieran intervenir ante este tipo de delitos. Mientras tanto, si lo atendiese la justicia provincial, como nosotros lo reclamamos, estas investigaciones le corresponderían a las 451 fiscalías, que se valen como auxiliares de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La justicia federal sólo se vale de la justicia federal, y con estructura también insuficiente, de allí que propiciemos que estos casos sean de competencia concurrente”, agregó.
Esto propende el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y, “en el caso de la penalización de la preparación del secuestro extorsivo, tipificada bajo la figura de conspiración, se apunta a llenar un vacío legal que hoy la delincuencia aprovecha para elegir los escenarios donde perpetrar sus crímenes con el menor riesgo posible”, señaló el funcionario provincial.
Actualmente, el Código Penal de la Nación prevé condenas por casos de secuestro en el Art. 170, pero no contempla punibilidad de los actos preparatorios. A través de la iniciativa emanada de la cartera de Justicia, quien tome parte en una conspiración de dos o más personas para cometer el delito de secuestro será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la mitad de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.
Asimismo, establece que cuando se trate de funcionarios, empleados públicos, que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia, sufrirá además inhabilitación absoluta por el triple del tiempo.
Las iniciativas impulsadas “apuntan a terminar con espacios de impunidad generados por vacíos legales que los delincuentes utilizan en su beneficio”, sostuvo Meckievi.
(Agencia NOVA)
