La doble vara: municipios que critican la reforma laboral pero sostienen esquemas precarios

La discusión sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei tensó el mapa político y reavivó viejas líneas de división. Desde los bloques opositores surgieron advertencias sobre riesgos para los derechos adquiridos y para la estructura de protección laboral en la Argentina. Sin embargo, en el territorio bonaerense convive una realidad que erosiona la autoridad moral de quienes encabezan esas críticas: numerosos municipios recurren desde hace años a sistemas de contratación que precarizan el empleo público.

Puede Interesarte:

Madrugada fatal en Ruta 5: quién era el hombre que murió tras el choque

En intendencias de distintos espacios políticos —peronistas, radicales y vecinalistas— se repite una mecánica: personal que cumple funciones diarias, horarios fijos y tareas permanentes, bajo la figura del monotributo o contratos temporarios renovables. Una herramienta prevista para tareas específicas y excepcionales terminó convertida en regla silenciosa del funcionamiento municipal. Y esa práctica, además de precarizar, desfinancia organismos provinciales como el IPS y el IOMA, ya que los aportes se derivan al sistema nacional.

La contradicción se vuelve más visible en los distritos gobernados por el peronismo. No porque sean los únicos en aplicarla, sino porque su tradición política está asociada, desde el primer discurso, a la protección social y la dignidad del trabajo. Sostener fórmulas que exponen a empleados a inestabilidad, escasa cobertura y salarios que dependen de renovaciones periódicas choca de frente con esa identidad histórica. Los propios dirigentes lo reconocen puertas adentro: hay un límite entre administrar restricciones y naturalizar un modelo que se critica cuando llega desde arriba.

Puede Interesarte:

Mercedes, la ciudad donde la historia argentina se mira al espejo

El Consejo del Empleo Municipal, que deberá reunirse en los próximos meses, se enfrenta a un doble desafío: contemplar la situación financiera de los distritos —agobiados por caída de recaudación y salarios rezagados— y, al mismo tiempo, dar señales claras hacia adentro y hacia la sociedad. No se trata solo de pedir recursos a la Provincia. Se trata de ordenar y dignificar planteles, regular lo que durante años se toleró como excepción y recuperar coherencia entre discurso y práctica.

La discusión nacional sobre reforma laboral no puede ser ajena a lo que ocurre en los gobiernos locales. Señalar los riesgos de flexibilizar no alcanza si, en los hechos, la puerta de acceso al Estado municipal se convirtió en un camino precario. Gobernar también es liderar con el ejemplo. Y si la resistencia a los cambios nacionales quiere construir alternativa, el primer paso está en casa: garantizar que el empleo público no sea el espejo de aquello que se cuestiona.