Estatales: el titular de ATE dijo que le va a robar la motosierra a Milei

En un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios estatales, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia contra la administración de Javier Milei. En una entrevista con Radio Splendid, el dirigente expresó su rechazo hacia las políticas de ajuste, acusando al Ejecutivo de desmantelar áreas clave del sector público y comprometer derechos fundamentales de la ciudadanía.

Aguiar no escatimó críticas al referirse a los recortes y desvinculaciones que, según el gremio, ponen en riesgo a más de 57 mil trabajadores estatales. “Estas decisiones no solo impactan a las familias afectadas, sino que desmantelan políticas públicas esenciales para la comunidad. No toleraremos ni un solo despido a fin de año”, enfatizó.

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El dirigente también destacó la ilegalidad de algunos despidos y exigió al Gobierno que respete la ley y la Constitución, particularmente en lo que respecta a los contratos que vencen el 31 de diciembre. “No estamos hablando solo de contratos que no se renuevan, sino de una pérdida fenomenal de derechos que afecta a toda la sociedad”, sostuvo.

Aguiar aseguró que ATE adoptará una postura activa y combativa frente a los ajustes: “Vamos a defender cada puesto de trabajo y cada derecho conquistado. Si quieren avanzar con su agenda, tendrán que enfrentarse a los trabajadores organizados”, afirmó.

La frase más resonante de la jornada fue, sin dudas, su declaración sobre el futuro inmediato: “El 2025 tiene que ser el año en que le robemos la motosierra y le cortemos la cabeza a ellos”. Estas palabras no solo generaron revuelo en el ámbito político, sino que encendieron el debate sobre los límites del discurso gremial en un contexto de alta conflictividad social.

El cruce entre ATE y el gobierno de Javier Milei subraya las profundas diferencias en torno al modelo de gestión estatal. Mientras el oficialismo defiende los ajustes como parte de una estrategia para reducir el gasto público y aliviar la presión fiscal, los gremios denuncian un ataque directo a derechos laborales y sociales fundamentales.