El aumento de tarifas será gradual pero no se cumplirán las promesas del Presidente

El FMI debe definir cuál será el aumento de las tarifas de los servicios públicos, y si bien se habría acordado que sea gradual, el techo no fue definido porque el organismo exige que sea mayor al 10%, que fue el incremento que prometió Eduardo Duhalde a los argentinos.

EL gobierno nacional debe acordar lo antes posible cuál será el aumento de tarifas de los servicios públicos que forma parte de los requisitos del Fondo Monetario Internacional, para aceptar finalmente la firma del acuerdo que se realizaría en el mes de noviembre.

EL secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se encuentra en Washington reunido con las autoridades del organismo para definir los puntos claves y darle la mayor forma posible a las negociaciones, preparando de ésta manera el terreno para el viaje del ministro de Economía, Roberto Lavagna.

El gobierno manifestó desde un principio que el aumento que sufrirán los usuarios no sería mayor al 10%, y hasta el mismo presidente, Eduardo Duhalde, dijo que el incremento se determinará de acuerdo a la leyes argentinas y sin escuchar las presiones del FMI, ya que los argentinos han pagado bastante por los servicios públicos. Sin embargo, se puede confirmar que el aumento superará el 20%, aunque uno de los acuerdos que se negocia con el fondo es hacerlo mediante un esquema de subas graduales, partiendo de un piso inicial de 10% el mes próximo en energía eléctrica, gas y agua.

Aún falta acordar cuál será el techo de los incrementos, que el FMI intenta que llegue al 30%. Según una encuesta elaborada por Artemio López en agosto, si el aumento de tarifas asciende sólo al 10% representará el equivalente a dos días y medio de consumo para el presupuesto de una familia bonaerense o porteña promedio. El titular de la consultora Equis dijo que debido a la actual situación que vive el país, la mitad de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza, por lo que cualquier aumento de tarifas impactará sensiblemente en su poder de consumo.

Nielsen está en USA acompañado por otros integrantes que forman parte de la delegación argentina, entre quienes se encuentran sus asesores, Gabriel Rubinstein y Sebastián Palla, además de los funcionarios del Banco Central Alejandro Henke y Marcelo Biffi, que ayer se reunieron con Anoop Singh, encargado del caso argentino, John Thornton y el especialista en temas bancarios, John Dodsworth.

En las próximas horas Nielsen se reunirá con la vicedirectora gerente del Fondo, Anne Krueger, para definir el eventual viaje del ministro de Economía, que no se ha confirmado.

El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, volvió a mencionar hoy la necesidad de aumentar las tarifas, lo que incidiría de manera directa en los costos, aunque prefirió abordar el tema sin profundidad. “Hay un procedimiento establecido en la legislación, que son las audiencias públicas. Se está trabajando en eso y, en el ínterin, se estableció la tarifa social donde los usuarios con menores gastos no tendrán aumentos en el momento en que esto ocurra para el resto, dijo. Además, consideró que no debemos apresurarnos, hay que esperar el debate entre consumidores y las empresas para avanzar en esa dirección.

Otros temas pendientes para acordar con el FMI son la reestructuración bancaria, por la cual Economía aceptará una inmunidad parcial para los funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, pero no una generosa y a toda la cúpula del organismo, tal como lo impulsa el FMI.
Además Nielsen le planteó formalmente al Fondo que se aceptará una auditoría externa para el Banco Nación y se invitará a los otros bancos oficiales especialmente el Provincia de Buenos Aires y al Ciudad a que acepten esta ayuda que el Fondo propone.

Entre los pedidos de Nielsen, se insistió en la necesidad de recibir US$1.000 millones de dinero fresco para rescatar de una sola vez todos los bonos, pero el Fondo sólo ofrece 700 millones y con condiciones, reveló un funcionario del Palacio de Hacienda. Estas condiciones son un mayor ajuste fiscal a las provincias, algo que ya fue rechazado tanto por los gobernadores como por la Nación.

Fuente: urgente 24