Mercedes ante su dilema histórico: ¿agua barata o agua segura?

La historia del servicio de agua en Mercedes no sigue el camino que adoptaron otras ciudades de la provincia. Mientras distritos vecinos recurrieron a empresas privadas, cooperativas o a la órbita provincial para modernizar sus redes y sostener inversiones, la ciudad eligió sostener un esquema municipal que se mantuvo casi sin cambios durante décadas. Aquella decisión, que en su momento resultó cómoda y funcional, se transformó hoy en un obstáculo para garantizar estándares sanitarios que se volvieron indispensables ante la presencia creciente de arsénico en el acuífero pampeano.

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Durante los años noventa, el país vivió un proceso acelerado de traspasos y privatizaciones de servicios públicos. Municipios con redes deterioradas, cortes permanentes y falta de inversión encontraron en esas transformaciones una salida posible. En Mercedes la situación era distinta. El servicio de obras sanitarias municipal tenía un funcionamiento aceptable, la red respondía a las necesidades de la época y el servicio conservaba legitimidad. No había un colapso visible que forzara un cambio. Ese punto es clave: mientras otros distritos entregaban el servicio por necesidad, Mercedes lo retuvo por decisión.

El factor tarifario también marcó una diferencia sustancial. El sistema local basado en metros cuadrados permitió durante años mantener tarifas bajas, sin relación con el consumo real. Ese modelo, cómodo para cualquier administración, evitaba conflictos políticos y sostenía la percepción de un servicio accesible.

En la provincia de Buenos Aires, al menos 53 municipios tienen su servicio de agua potable bajo la órbita de ABSA, mientras que otros distritos delegan la prestación en cooperativas locales o sistemas mixtos según la infraestructura disponible. Mercedes forma parte del grupo restante, integrado por ciudades que conservan un esquema municipal propio, un modelo que difiere de la mayoría de los sistemas provincializados y que explica buena parte de las dificultades actuales para implementar controles externos y mecanismos de fiscalización independientes.

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Cuando la gestión de Julio César Gioscio intentó introducir medidores en el casco céntrico, la resistencia fue inmediata. La polémica frenó el proyecto, los medidores quedaron sin uso y la ciudad regresó a un esquema que desalentaba cualquier intento de modernización. Desde entonces, ninguna gestión quiso asumir el costo político de modificar un sistema que sobrevivía más por inercia que por eficiencia.

Pero el costo de sostener un esquema municipal también se vio en la capacidad de inversión. Para privatizar, provincializar o incluso modernizar un servicio es necesario contar con diagnósticos técnicos, planes de obra, valuaciones y una reestructuración tarifaria que permita financiar cambios profundos. Mercedes nunca avanzó en ese camino. Mantener el control local era políticamente conveniente, y renunciar a él implicaba abrir una negociación compleja con estructuras provinciales o privadas. Además, una transferencia habría traído aparejadas obras costosas que el municipio no estaba en condiciones de garantizar.

Mientras tanto, otras ciudades enfrentaban problemas más graves. Donde el agua estaba contaminada o la red se encontraba al borde del colapso, la decisión de pasar a un esquema provincial o privado aparecía como inevitable. En esos municipios la presión social y las falencias estructurales empujaron hacia modelos donde el control y la responsabilidad no quedaban exclusivamente en manos locales. Mercedes, en cambio, no vivió episodios críticos que obligaran a un replanteo inmediato. La situación se mantuvo estable y las deficiencias fueron quedando ocultas detrás de un sistema que no exigía mejoras visibles.

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El escenario cambió cuando la presencia de arsénico empezó a ser una preocupación provincial. Allí quedó expuesta una fragilidad que el modelo municipal no puede resolver por sí solo: sin un organismo externo que fiscalice, sin medición individual del consumo y sin una estructura técnica independiente, la ciudad carece de herramientas para garantizar estándares modernos de calidad. La discusión sobre pasar a un sistema de medición por consumo real o transferir la prestación a un ente provincial vuelve a aparecer, pero esta vez en un contexto donde la salud pública está en juego.

Hoy, el dilema recupera fuerza. La ciudad puede defender un modelo históricamente barato, sostenido por criterios que pertenecen a otra época, o puede avanzar hacia un esquema que modernice el servicio, incorpore controles externos y permita inversiones que garanticen agua segura. Sostener el sistema actual implica seguir administrando un servicio que depende de la voluntad del mismo organismo que debe fiscalizarlo. Cambiarlo supondría asumir el costo político de una transición hacia tarifas realistas y una estructura de control más exigente.

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El debate no es nuevo, pero las circunstancias sí. Mientras otras ciudades ya transitaron este camino hace décadas, Mercedes enfrenta hoy la necesidad de decidir qué modelo quiere para su futuro. El agua es esencial, y la ciudad debe elegir si seguirá apostando a un esquema municipal que fue eficaz en su tiempo o si dará un paso hacia un sistema capaz de responder a los desafíos sanitarios, económicos y ambientales que la realidad impone.