Cooperativas en escuelas: inclusión laboral o trabajo precarizado detrás de los anuncios oficiales

El reciente anuncio del Consejo Escolar de Mercedes sobre tareas de embellecimiento realizadas en el Jardín de Infantes N°910 bajo el lema “Cooperativas en Acción 2026” volvió a poner en discusión un esquema que, aunque se presenta como política de inclusión social, genera cuestionamientos cada vez más frecuentes en el ámbito laboral local.

Las publicaciones oficiales destacaron el acompañamiento a cooperativas de trabajo encargadas de realizar tareas de pintura y mantenimiento edilicio en establecimientos educativos. Sin embargo, detrás de la difusión institucional surgieron interrogantes vinculados a las condiciones laborales de quienes integran estos grupos y al impacto que este sistema tiene sobre trabajadores independientes y oficios tradicionales de la ciudad.

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Las cooperativas de trabajo son figuras legales que agrupan a personas asociadas para prestar servicios sin relación de dependencia. En teoría, sus integrantes no son empleados sino socios que perciben ingresos por las tareas realizadas. No obstante, en la práctica, muchas de estas organizaciones funcionan bajo coordinación directa de organismos estatales, con tareas asignadas, horarios definidos y trabajos ejecutados exclusivamente en dependencias públicas.

Este esquema suele implicar ingresos considerablemente inferiores a los que percibe un trabajador formal del rubro, sin convenio colectivo, estabilidad laboral ni beneficios propios del empleo registrado. Por ese motivo, distintos sectores plantean que el sistema termina consolidando formas de empleo precario sostenidas con recursos públicos.

El debate también alcanza a los pintores y trabajadores de mantenimiento que desarrollan su actividad de manera independiente en Mercedes. Señalan que cuando el Estado recurre a cooperativas para realizar trabajos en escuelas u edificios públicos, se reemplaza la contratación de mano de obra profesional local por esquemas de menor costo, generando una competencia difícil de igualar para quienes tributan, sostienen herramientas propias y trabajan bajo condiciones formales.

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Otro aspecto que alimenta la discusión es la identificación visual de los cooperativistas. En numerosas intervenciones utilizan indumentaria con insignias municipales o institucionales, lo que refuerza la percepción de que, más allá de su encuadre legal, actúan como personal estatal sin contar con los derechos laborales correspondientes.

Desde los organismos públicos, en cambio, se sostiene que estas iniciativas buscan promover la inclusión laboral y brindar oportunidades a sectores con dificultades de acceso al empleo formal, además de permitir intervenciones rápidas en establecimientos educativos sin los tiempos administrativos que demandan licitaciones o contrataciones tradicionales.

El punto de tensión aparece cuando el sistema deja de funcionar como una herramienta transitoria de integración y pasa a convertirse en un mecanismo habitual para sostener tareas permanentes del Estado. Allí surge la pregunta que comienza a instalarse también en Mercedes: si se trata de una política social necesaria o de un modelo que reemplaza empleo formal por trabajo más barato.

Mientras continúan las intervenciones en escuelas del distrito, el debate permanece abierto entre la necesidad de generar oportunidades laborales y la obligación de garantizar condiciones de trabajo equitativas para todos los sectores.