El 27% de Mercedes depende del agua de pozo: cual es la propuesta del municipio

Entre los distintos pasajes de la entrevista concedida a Datoposta, el secretario de Salud municipal, Néstor Pisapia, sostuvo que el 73% de los vecinos cuenta con agua de red, un dato que muestra una merma considerable contra el dato del censo 2022 que acusó casi un 80% hace apenas 3 años. Implícitamente, eso significa que el 27% restante —más de uno de cada cuatro mercedinos— depende de perforaciones domiciliarias, pozos particulares sin control estatal directo ni monitoreo sistemático. La cifra no proviene de estimaciones externas: fue el propio funcionario quien la ofreció como parte de su explicación.

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Ese reconocimiento plantea un problema de salud pública de una dimensión que el municipio no puede ignorar. En un contexto donde la discusión sobre los niveles de arsénico volvió al centro de la escena, admitir que más de una cuarta parte de la ciudad consume agua sin fiscalización obliga a revisar las responsabilidades del Estado local. No alcanza con señalar que cada vecino debe verificar la profundidad de su pozo o el encamisado de la perforación. La salud pública, por definición, es una competencia estatal y no puede quedar atada a la capacidad individual de cada hogar.

¿El municipio debería articular un sistema permanente de acompañamiento técnico, inspección y análisis para ese 27%? La legislación provincial reconoce al agua como un servicio esencial y las recomendaciones sanitarias nacionales e internacionales son claras: cuando la provisión no está garantizada por un operador formal, el Estado debe intervenir para asegurar que las fuentes alternativas no representen un riesgo. En Mercedes no hay un registro actualizado de perforaciones, no hay un programa oficial de muestreo periódico y no existe un protocolo municipal que permita identificar pozos inseguros o sectores críticos.

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La situación se vuelve más sensible cuando se considera que la propia Suprema Corte bonaerense fijó el límite de arsénico en 0,01 miligramos por litro para consumo humano, un valor más estricto que el defendido por las autoridades locales. Si el municipio afirma que el agua de red es segura, debería aplicar el mismo estándar —o uno equivalente— para quienes dependen de pozos, porque el riesgo sanitario no distingue entre usuarios formales y particulares. El acceso al agua segura no puede convertirse en una condición desigual dentro de la misma ciudad.

El reconocimiento de que casi un tercio de los vecinos queda fuera del sistema formal de provisión de agua debería ser el punto de partida de una política pública urgente. El municipio no debería limitarse a recomendar precaución individual ni trasladar la responsabilidad técnica a quienes no poseen los recursos para evaluar la calidad del agua que consumen todos los días. Si el Estado local acepta que el 27% queda librado a su propia suerte, está admitiendo una desigualdad estructural que lo compromete directamente.

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La discusión sobre el arsénico expuso un debate de fondo. No se trata solo de exigir claridad sobre los límites legales, la jurisprudencia vigente o la calidad del agua de red. Se trata de decidir qué modelo de salud pública quiere Mercedes y qué lugar le asigna a quienes dependen de pozos. Mientras no exista un plan municipal que los incluya de manera efectiva, una parte importante de la población seguirá viviendo fuera de la protección sanitaria que el propio Estado está obligado a garantizar.