El Municipio mostró la carta documento a Trenes Argentino. Cuando llegaron las críticas cerró los comentarios

La Municipalidad de Mercedes publicó en sus redes una imagen de la carta documento enviada para reclamar tareas de mantenimiento y seguridad ferroviaria en el tramo urbano de las líneas San Martín y Sarmiento. El texto, fechado el 30 de enero de 2026 pero enviado 3 días más tarde, adopta un tono formal y perentorio: intima a que se realicen trabajos de reparación integral en un plazo “improrrogable” de 72 horas, y deja asentado que el reclamo se apoya en irregularidades que, según afirma, vienen siendo señaladas desde 2025 sin solución.

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En el documento se describen problemas concretos: falta de mantenimiento en predios y vías, con mención al corte de pastizales altos, poda preventiva y retiro de residuos acumulados. También se apunta al funcionamiento del sistema de seguridad, con una referencia directa a barreras automáticas, señales acústicas y luminosas, y a la necesidad de cartelería preventiva adecuada. En paralelo, se remarca que la responsabilidad de intervenir corresponde al organismo nacional competente y que el estado actual de la infraestructura representa un riesgo para la integridad de quienes transitan por los cruces urbanos.

Hasta ahí, el posteo parecía pensado para mostrar gestión, reclamo y advertencia: una forma de decir “se pidió, se insistió, se formalizó”. Sin embargo, lo que terminó de encender la conversación no fue la intimación en sí, sino lo que ocurrió después. Entre reacciones y comentarios, comenzaron a aparecer críticas al contenido, al momento elegido y, sobre todo, a la eficacia real de la estrategia. En ese clima, la propia plataforma dejó una leyenda visible: “Municipalidad de Mercedes limitó quién puede comentar esta publicación”. La medida, en términos prácticos, cerró la canilla justo cuando el intercambio subía de temperatura.

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El efecto comunicacional es tan previsible como incómodo: cuando una cuenta oficial exhibe un reclamo duro hacia un tercero, pero restringe el espacio de respuesta pública, el gesto se lee menos como orden y más como escenografía. No porque no exista el problema ferroviario, ni porque el Municipio no tenga derecho a reclamar, sino porque en redes sociales el contrato implícito es otro: publicar es abrir conversación. Y cerrar la conversación, aunque sea por “moderación”, se percibe como control del relato, como censura directa al ciudadano.

La postal de ese clima quedó retratada en un comentario que circuló entre usuarios: una vecina decía estar buscando “un comentario a favor” y pedía que se lo reenviaran si alguien lo encontraba. La ironía funcionó como termómetro del humor general: el debate ya no giraba solo sobre pastizales, barreras o señalización, sino sobre quién puede opinar cuando el Estado decide hablar.

¿Es censura? La palabra pesa y conviene usarla con precisión. Restringir comentarios no es lo mismo que impedir la libertad de expresión en sentido legal, pero sí es una forma de seleccionar qué voces quedan visibles en el canal oficial. En el terreno de la política local, esa decisión suele ser un boomerang: puede frenar el fuego en el minuto a minuto, pero deja una marca más profunda, la de un gobierno que invita a mirar, pero no a preguntar.

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En Mercedes, donde cada cruce ferroviario tiene historia y cada accidente reaviva la discusión sobre responsabilidades, el reclamo formal puede ser un paso necesario. Pero la credibilidad de ese paso se juega también en lo que sucede alrededor: si el Municipio busca sumar respaldo social y transversal, como tantas veces se plantea, limitar comentarios en el momento de mayor atención no ayuda. Al contrario, refuerza la sensación de que la conversación pública es bienvenida solo cuando aplaude.