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Cruce caliente en el HCD: piden agentes en pasos a nivel y estalla la pelea por quién se hace cargo

Un proyecto de La Libertad Avanza para asignar agentes de tránsito en los cruces ferroviarios abrió un choque político con el oficialismo: Inzaurgarat lo rechazó por “incompetencia municipal” y apuntó al abandono nacional. La discusión explotó en redes.
01.02.2026 [+]

La seguridad en los pasos a nivel volvió al centro de la escena en Mercedes, pero esta vez no por una obra o un anuncio, sino por una disputa política que escaló rápido. El concejal Mauricio Pollacchi, de La Libertad Avanza, informó que su bloque presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para asignar agentes de tránsito en los cruces del ferrocarril. Argumentó urgencia y, como el cuerpo legislativo está en receso, dijo que también elevó una nota al Departamento Ejecutivo, dirigida a la intendente interina Mariana San Martín, para que el tema se evalúe “sin demoras”.

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La respuesta no tardó. El concejal Julián Inzaurgarat rechazó el planteo y lo calificó como improcedente: sostuvo que la infraestructura ferroviaria es jurisdicción nacional y que el municipio, por ley, no puede intervenir en ese ámbito. Pero fue más allá. Enmarcó el pedido opositor como una forma de “mirar para otro lado” y de intentar que el gobierno local resuelva un problema que, según su mirada, nace de una decisión política del gobierno nacional. “Cuando uno toma una decisión debe hacerse cargo de sus consecuencias”, lanzó, y vinculó el deterioro de los cruces con un “abandono” de la infraestructura ferroviaria.

Inzaurgarat recordó que el propio HCD aprobó proyectos por unanimidad para reclamar al Estado nacional mantenimiento y reparación de estructuras ferroviarias en el partido de Mercedes, y remarcó que las gestiones no habrían tenido respuesta. También mencionó que el Ejecutivo municipal hizo presentaciones ante distintas áreas vinculadas a Trenes Argentinos, sin resultados concretos. En ese marco, criticó el proyecto libertario por considerarlo una salida “demagógica” y sostuvo que, además de no corresponder, podría tener una segunda intención: trasladar al municipio la eventual responsabilidad ante accidentes en pasos a nivel.

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El cruce sumó combustible con una referencia al contexto nacional del área de Transporte. Inzaurgarat apuntó a los cambios de autoridades y al clima de denuncias internas que, según describió, profundizarían la parálisis. En su réplica, le pidió al bloque de La Libertad Avanza que use su cercanía política con la Casa Rosada para gestionar soluciones: “Golpeen las puertas que hagan falta”, desafió, marcando una línea clara entre reclamar y hacerse cargo.

Mientras el debate seguía en el plano institucional, en redes sociales aparecieron voces que reflejan el malestar ciudadano ante un problema que excede la discusión jurídica. Ángel Visconti, agente de tránsito reconocido en la ciudad, reaccionó con dureza al pedido de asignar inspectores en los cruces. Dijo no poder creer que se solicite algo que, desde su perspectiva, no se puede hacer por cuestiones legales y también por limitaciones operativas. Señaló un punto que suele quedar fuera de la discusión pública: la disponibilidad real de personal y recursos en el área de Tránsito, entre licencias y dotación efectiva, y cuestionó de dónde saldrían los agentes para cubrir una tarea permanente.

En sentido contrario, el ex concejal Martín Bossi planteó una postura más pragmática: reconoció la jurisdicción nacional, pero sostuvo que el gobierno local debería adoptar medidas para cuidar a la población porque los pasos a nivel están en Mercedes y las consecuencias recaen sobre vecinos de la ciudad. Su mensaje puso el foco en una tensión clásica cuando fallan responsabilidades cruzadas: el argumento legal puede ser correcto, pero no necesariamente calma la sensación de desprotección cuando hay siniestros o riesgo latente.

El trasfondo es claro: los pasos a nivel se convirtieron en un punto sensible donde chocan tres planos a la vez. La urgencia social por prevenir accidentes, la discusión sobre competencias entre Nación y Municipio, y la disputa política por quién paga el costo de un problema visible todos los días. En esa mezcla, el proyecto de Pollacchi funcionó como disparador y la respuesta de Inzaurgarat como un intento de fijar un marco: si la infraestructura es nacional, el reclamo debe ir a Nación; si Nación no responde, la presión política debería apuntar allí, no al municipio.

Por ahora, la iniciativa quedó instalada como tema, con un dato que incomoda a todos: más allá de los comunicados y las frases cruzadas, el funcionamiento de las barreras y la seguridad en los cruces siguen siendo una preocupación real. Y cuando la política se traba en la frontera de las competencias, el riesgo en la calle no se toma receso.

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