Testearán a funcionarios públicos por consumo de cocaína y marihuana

El Gobierno de la provincia de Salta resolvió implementar exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el gobernador Gustavo Sáenz. El anuncio se realizó en el Centro Cívico Grand Bourg y marca un cambio relevante en el funcionamiento institucional, al fijar nuevas condiciones para el ejercicio de cargos en el Estado.

La medida alcanza a los tres poderes del Estado sin excepciones. En el ámbito del Poder Ejecutivo, deberán someterse a los controles el gobernador, el vicegobernador, ministros y secretarios. En el Poder Legislativo, la obligación se extiende a senadores y diputados. También quedan incluidos el Poder Judicial, el Ministerio Público, intendentes y concejales, además de los entes autárquicos y organismos de control. El decreto incorpora asimismo a quienes aspiren a ingresar a la administración pública provincial, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.

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Según se informó oficialmente, los análisis se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva en los propios lugares de trabajo. Los estudios estarán orientados a detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas. Desde el Ejecutivo aseguraron que el procedimiento respetará la privacidad de las personas evaluadas y las garantías del debido proceso, incluyendo la posibilidad de solicitar contrapruebas en laboratorios habilitados.

La vocera del gobierno provincial, Ana Paula Benavides, explicó que la decisión fue precedida por una reunión con legisladores de distintos bloques y que el objetivo es reforzar la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos. Sostuvo que la intención es verificar, mediante controles sorpresivos, que los funcionarios cuenten con la aptitud física y psicológica necesaria para ejercer sus responsabilidades, subrayando que se trata de una exigencia vinculada a la función que desempeñan.

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El decreto también establece consecuencias concretas ante los resultados. La negativa injustificada a realizarse el examen será considerada automáticamente como un resultado positivo. En el caso de funcionarios en ejercicio, un análisis confirmado habilitará la remoción del cargo o la puesta en marcha de mecanismos de juicio político y destitución, según corresponda a cada situación. Para quienes aspiren a ingresar al Estado, un resultado positivo impedirá su incorporación a la administración pública.

Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que la función pública debe ser entendida como una responsabilidad institucional y no como un privilegio personal. En ese sentido, se sostuvo que la gestión requiere decisiones firmes, aun cuando generen incomodidad dentro del propio sistema político, y que la norma apunta a consolidar un estándar de transparencia y conducta exigible a todos los niveles del Estado.

El trasfondo político también forma parte del escenario. En 2025, el entonces diputado provincial Juan Esteban Romero había impulsado un proyecto de ley para establecer controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y legisladores, iniciativa que no llegó a ser tratada en la Legislatura. Tras la firma del decreto, Romero valoró que el Ejecutivo haya avanzado con la medida y afirmó que dentro del Estado no puede existir ningún vínculo con las drogas, remarcando que quienes ejercen cargos públicos deben dar el ejemplo.

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El Gobierno salteño vinculó la decisión a una demanda social por mayor control sobre quienes ejercen poder y señaló que la obligatoriedad de los exámenes constituye una herramienta para fijar límites claros en la función pública. Aunque aún restan definir aspectos operativos como la periodicidad de los controles, los organismos responsables y los protocolos ante resultados positivos, la medida ya impactó en la agenda institucional de 2026 y reabrió el debate sobre integridad y control en el ejercicio de los cargos públicos.