Carlos Casares lleva la crisis del agua a la Justicia y apunta contra ABSA y la Provincia

En Carlos Casares, el acceso al agua potable dejó de ser una certeza y pasó a convertirse en un problema cotidiano. La falta de suministro regular y las dudas persistentes sobre la calidad del agua empujaron el conflicto a un nuevo escenario: la Justicia. Este lunes se formalizó una denuncia penal contra Aguas Bonaerenses S.A. y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en una causa que ya genera impacto político y social en el noroeste bonaerense.

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La presentación fue realizada ante los tribunales de Trenque Lauquen por un grupo de legisladores y concejales, con la senadora provincial Analía Balaudo a la cabeza. La acusación es severa: incumplimiento de los deberes de funcionario público y puesta en peligro de la salud pública. En el escrito se describe un servicio que, desde comienzos de 2025, funciona de manera intermitente, con cortes prolongados y lapsos en los que directamente no hay agua en los hogares.

Los denunciantes sostienen que el problema va más allá de la incomodidad. Señalan que cuando el suministro se restablece no existen garantías suficientes sobre su potabilidad, lo que expone a la población a riesgos sanitarios. Bajo esa premisa, afirman que se está vulnerando un derecho humano esencial y que la respuesta oficial ha sido, hasta ahora, insuficiente.

La situación golpea de lleno en la vida diaria de los vecinos. Relatos de dificultades para higienizarse, cocinar o mantener condiciones mínimas de salubridad se repiten en distintos barrios. Lo que durante años se explicó como una complicación estacional, asociada al verano, hoy se transformó en un problema permanente, con baja presión y fallas durante todo el año.

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Desde ABSA, las interrupciones suelen atribuirse a problemas eléctricos o a tareas de mantenimiento en los acueductos. Sin embargo, la denuncia judicial pone el foco en una cuestión estructural: la falta de planificación y de inversión sostenida en una red hídrica que requiere obras de gran magnitud. Para los firmantes, las explicaciones oficiales ya no alcanzan y encubren una responsabilidad más profunda del Estado provincial.

El avance de la causa en la fiscalía de Trenque Lauquen será clave para definir el rumbo del conflicto. Al mismo tiempo, el caso de Carlos Casares vuelve a encender alarmas en otros distritos de la región, como 9 de Julio, donde existen antecedentes de amparos judiciales por problemas similares. En un territorio que concentra buena parte de la riqueza del país, el acceso al agua potable se discute hoy en los tribunales y deja al descubierto una deuda que atraviesa a varias gestiones.