Cambio en la gestión habitacional: provincias y municipios tomarán el control

Esta transformación, formalizada mediante el Decreto 70/2025, surge tras detectarse irregularidades en la administración de tres fondos fiduciarios fundamentales. El programa PROCREAR, emblema de la política habitacional anterior, mostró serias deficiencias en la entrega de viviendas y en las condiciones de habitabilidad, según reveló una auditoría reciente. Similar situación se encontró en el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por su utilización con fines políticos y marcadas falencias administrativas. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) también se encuentra en proceso de desmantelamiento.

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En el marco de esta reorganización, el gobierno nacional ha dispuesto la transferencia de organismos clave como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la Dirección Nacional de Arquitectura hacia la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Para gestionar esta transición, se estableció una Unidad Ejecutora Especial Temporaria que supervisará el proceso de cierre gradual.

Desde el gobierno nacional fundamentan esta decisión argumentando la necesidad de abandonar lo que denominan “modelo de la corrupción de sueños compartidos” para dar paso a un esquema basado en el crédito privado y la iniciativa individual. Esta medida marca un punto de inflexión en la política habitacional argentina, trasladando el eje de la gestión hacia las jurisdicciones provinciales y municipales, con una mayor participación del sector privado en la solución del déficit habitacional.