Vacunatorio VIP: confirmaron que el Hospital Posadas aplicó casi 400 dosis de manera irregular

A fines de febrero, Ginés González García dejó su cargo como ministro de Salud de la Nación a poco de cumplirse un año de la pandemia del coronavirus. El escándalo del vacunatorio VIP lo obligó a renunciar dejando a Carla Vizzotti como la nueva titular de la cartera sanitaria.

Lo cierto es que a los pocos días de que saliera a la luz que un grupo de privilegiados recibió la primera dosis de la Sputnik V antes de que les tocara el turno, el Gobierno Nacional difundió una lista de 70 personas que habían sido inoculadas. Allí aparecía el periodista que reveló lo que estaba sucediendo, Horacio Verbitsky; el canciller Felipe Solá; Carlos Zannini y toda su familia; el embajador de Brasil, Daniel Scioli; entre otros.

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Pasaron cinco meses del estallido y en las últimas horas se conoció que el número de inoculados no coincide. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez le entregó un informe al fiscal Eduardo Taiano que investiga la causa. Ese documento, donde hubo un cruzamiento de datos, certifica que el Hospital Posadas aplicó 385 dosis de manera irregular.

Según detalló Clarín, luego de acceder al informe, la lista de funcionarios, familiares de funcionarios y personalidades destacadas que no cumplían con los criterios de prioridad podría ser aún mayor. El período estudiado va desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 23 de febrero de 2021.

“En total habría 385 personas que fueron clasificadas como ‘Personal de Salud’ que cumplen con los siguientes requisitos: a) no prestarían servicios como ’personal de salud’ en el Hospital Prof. Alejandro Posadas; y b) no se encontrarían registradas en la base de datos del REFEPS como ‘Personal de Salud’”, concluyeron desde la PIA. Pero aún se desconoce quiénes integran esa lista.

La investigación se da en el marco de posibles abusos de poder en el cumplimiento de la función pública. Ante estas circunstancias, los implicados podrían ser acusados por negociaciones incompatibles con la función pública como así también por malversación de fondos públicos.